30.000 objeciones

Son muchos, más de 30.000. Y todos tienen un objetivo: luchar contra la asignatura de Educación para la ciudadanía (EpC). Los objetores contra la polémica enseñanza impulsada por el Gobierno de Zapatero se incrementan después de las sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Según Profesionales por la Ética, en las dos últimas semanas se han presentado diariamente 100 nuevas objeciones. Se abre el debate ético de si es o no legítimo objetar ante una asignatura.

Los defensores de la asignatura sostienen que no se puede objetar ante Matemáticas o Física o Química, ni tampoco ante materias como Filosofía o Lengua. Afirman que debe ser obligatoria y que nada se puede objetar ante contenidos que son objetivamente buenos y positivos.

Sin embargo, el movimiento de objeción de conciencia ante EpC no deja de crecer. En www.objetores.org se puede encontrar buena parte de su ideario. Se presentan como "un Website dedicado a proporcionar información y recursos a quienes han tenido la responsabilidad y la valentía suficientes para objetar a la imposición de la asignatura Educación para la ciudadanía." Y ya son más de 30.000. No es un fenómeno a ignorar porque representan a más de 30.000 familias, 30.000 padres que no quieren que sus hijos estudien unos contenidos con los que no están de acuerdo.

Este movimiento no es nuevo, pero sí lo es que supere unas cifras hasta ahora inéditas. Porque silenciosamente, sin hacer ruido en la sociedad, se han convertido en una fuerza que puede poner en jaque a todo el sistema educativo. Si el resto de Tribunales superiores de Justicia siguen el camino de Andalucía, y sobre todo, si el Supremo y el Constitucional sentencian que la polémica asignatura es contraria a la Constitución, el Gobierno se llevará un serio revés. ¿Es necesario que se estudie una materia como ésta en los colegios? Sin tener una mirada partidista es indudable que sí. Dentro de la educación, que debe ser sobre todo en valores, la Educación civil, Educación para la ciudadanía o como quiera llamarse, -el término es lo de menos-, debe ocupar un  lugar preeminente. El estudio de la democracia, de las leyes, de la convivencia, de la Constitución, de los partidos, de los símbolos... es no sólo recomendable, sino también totalmente exigible.

Pero hacerlo en condiciones objetivas también. Una asignatura de este tipo no debe convertirse en un vehículo de transmisión de ideología. Ni de la derecha ni de la izquierda. Por eso sería francamente conveniente un consenso de todas las fuerzas parlamentarias para imponer unos contenidos a una asignatura que influirá definitivamente en los valores que los niños de hoy, los hombres de mañana, tendrán en el futuro. De momento, las 30.000 objeciones significan que ese consenso no existe. Son 30.000, y cada vez más.