Maquinación para alterar el precio de las cosas

Francisco Álvarez Cascos, exministro del PP, habrá de acudir en pocas horas a un juzgado de Madrid para responder ante un delito: maquinación para alterar el precio de las cosas. Según ha revelado la Cadena Ser –y recogen ya otros medios-, el exministro popular habría enviado un SMS alertando de una posible –más bien, segura- suspensión de pagos de la constructora Sacyr Vallermoso, que provocó una caída en bolsa de la empresa del 12% en sólo dos días.

Alvárez Cascos llamado a declarar

Los hechos sucedieron en plena campaña electoral. El 20 de Febrero un mensaje salta en las alas del “pásalo” a cientos de teléfonos. "Próxima suspensión de pagos de Sacyr Vallermoso. El PSOE, responsable de pactar inmunidad y pagar a los responsables de dicha compañía a cambio de aguantar hasta después de las elecciones. Zapatero se ha jugado el puesto. Pásalo". La investigación judicial encuentra, en su rastreo, el origen del primer SMS: un teléfono de la tercera Sra. Álvarez Cascos, que emplea habitualmente el ex ministro.

Tipificado en el artículo 284 del vigente Código Penal, se trata de undelito que pena, entre otras cosas, ^“utilizar información privilegiada” y “difundir noticias falsas”, para “alterar los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia de productos”.

Se plantean varias cuestiones. Una compañía se despeña en bolsa porque un señor, a quien se presume informado, manda –presuntamente, que no falte- un SMS falso e insidioso. Si la sensible bolsa traga como ciertas las especulaciones de un sujeto que atribuyó –desde un cargo público- a la riqueza desparramada de los españoles su alegría para adquirir caras viviendas, nos explicamos todo el actual desastre financiero. “Son tan caras porque a los españoles les sobra el dinero y las pueden pagar”, vino a decir Cascos. E incluso algunos ilusos compradores le creyeron. Hoy nuestro país soporta la mayor deuda privada de la UE.

Pero, lo más importante, este delito no lo teníamos controlado los humildes ciudadanos. Aunque somos susceptibles de aprender, si le ponemos interés y empeño. En el año 2003 el barril de petróleo costaba 27 dólares. George W. Bush para el mundo y José María Aznar para España, difundieron la falsa noticia de en Iraq había “armas de destrucción masiva” y era indispensable invadirlo. La entonces ministra de exteriores Ana Palacio, nos da la buena nueva: la guerra nos será útil “para comprar más barato el petróleo, ya lo estábamos viendo, había bajado a 26 dólares y medio”. Al margen, de los miles de muertos de esa contienda –que no es poco apartar-, el barril Brent, nunca ha regresado a aquellos precios. Y llegó a estar a más de 140 dólares este verano. Es decir, los aludidos y una serie de cabezas anónimas, han utilizado mentiras y supuesta información privilegiada para “alterar el precio de las cosas”. Hay que encausarlos.

¿Y los alimentos? Pensemos en local, mirémonos el ombligo, y desatendamos por el momento a esa media docena de emporios que se ponen de acuerdo para fijar los precios que matan de hambre a millones de desfavorecidos. Vengamos a casa. España fue el país de la UE en el que más se cebó la inflación con la entrada del euro. Los ciudadanos decían: lo que antes me costaba cien pesetas, ahora me cuesta un euro. Los poderes públicos nos aseguraron que delirábamos, que allí tenían un precioso IPC que mantenía otra cosa, pero estudios posteriores avalaron que éramos nosotros quienes estábamos en lo cierto. A partir de ahí los precios fueron en gozosa cascada al alza. Aún ahora que la inflación ha vuelto a bajar, seguimos yendo al super y los tomates, los limones o el cordero o lo que sea, nos cuestan a precio de oro. Y no han bajado en las gasolineras los combustibles a la mitad como lo ha hecho el barril en origen. Ni la energía eléctrica, ni los famosos pisos, sobrevalorados, fuente de una de las más grandiosas especulaciones de los últimos tiempos.

Aquí hay mucha maquinación para alterar el precio de las cosas. Y se ha abierto la veda. El delito estipula una pena entre seis meses y dos años de cárcel, más multa. Responsabilidades difusas, lentitud de la justicia, información light, pasividad ciudadana, impunidad como reinas de nuestros días, desembocarán, probablemente, en un pasar página. Una más en el libro de una historia de la que no somos protagonistas.