Bogotá.- El presidente colombiano, Álvaro Uribe, renovó hoy en Bogotá la opción de búsqueda de un acuerdo humanitario con las FARC sobre los secuestrados, pero al mismo tiempo insistió en su alternativa de "localización" o cerco militar de los cautivos.
El primer ministro de República Checa, Miroslav Topolánek (d), saluda al presidente de Colombia, Álvaro Uribe (i), en Bogotá (Colombia), a su llegada al Palacio de Nariño.
El gobernante habló nuevamente de esta doble vía un día después de que la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo) informara en un comunicado público de un "reajuste" e "incremento" en las acciones tendentes a la "localización humanitaria" de los rehenes, algunos de los cuales están cautivos hace más de diez años.
"Nosotros continuaremos, a través de nuestros facilitadores, buscando el acuerdo", dijo Uribe en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro checo, Miroslav Topolánek, que viajó a Bogotá para una breve visita oficial previa a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE) que Lima acogerá mañana.
Uribe aludió al comité conformado por España, Francia y Suiza que, autorizado por él, procura desde hace más de tres años que las partes se sienten a la mesa a gestionar una salida al caso de los rehenes.
Son 40 los secuestrados que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pretenden canjear por medio millar de insurgentes presos, incluidos tres extraditados a Estados Unidos.
El grupo está encabezado por la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, también nacional francesa y en manos de los rebeldes desde febrero de 2002 y cuyo estado de salud es motivo de fuerte preocupación desde el pasado enero.
También forman parte del mismo varios políticos, policías y militares, así como tres estadounidenses.
Los temores sobre la salud de Betancourt surgieron tras la liberación de Clara Rojas, quien fue su compañera de fórmula en las elecciones de 2002, y del ex senador Luis Eladio Pérez, entregados de manera unilateral por las FARC los pasados 10 de enero y 27 de febrero, respectivamente, junto a otros cuatro ex congresistas.
Los seis fueron liberados ante representantes del presidente venezolano, Hugo Chávez, que hasta el pasado noviembre ejerció como mediador en la búsqueda de este acuerdo humanitario, tarea que había asumido tres meses antes, con la congresista opositora colombiana Piedad Córdoba como facilitadora.
Ambos lo hicieron con autorización de Uribe, que los separó de esta tarea por los contactos que hacían con un alto mando militar colombiano.
La exigencia rebelde de un territorio desmilitarizado en el suroeste de Colombia, que el Gobierno no acepta, ha impedido que las partes asuman la negociación de este acuerdo.
Ante la postura intransigente de los guerrilleros, que acusan a Uribe por una actitud similar, el gobernante se ideó la alternativa de la "localización humanitaria", es decir, de un cerco militar sobre los lugares en los que los rebeldes mantengan a cautivos.
Uribe ratificó que, en su Gobierno, "continuaremos (...) a través de nuestras Fuerzas Armadas, buscando la localización humanitaria" de los secuestrados.
Es una vía que ha sido rechazada de manera particular por los familiares de los cautivos, que no dejan de recordar que los guerrilleros mantienen la orden de asesinato de secuestrados en el caso de operaciones de rescate.
El presidente admitió que también confía en que tras los problemas que las FARC han causado en las relaciones de Bogotá con países como Ecuador y Venezuela, y a líderes colombianos y del exterior, los rebeldes enmienden errores y por razones políticas alivien las dificultades que han generado.
Los guerrilleros pueden hacerlo con la puesta en libertad cuanto antes de Betancourt y los demás secuestrados, consideró Uribe, quien observó que "ojalá" las FARC lo anunciaran antes de la Cumbre de Lima.
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