Aprobado un Plan que impulsará el acceso al empleo de 133.500 discapacitados

Sevilla.-  El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Plan de Empleabilidad para Personas con Discapacidad en Andalucía, documento que prevé invertir 414,4 millones de euros hasta 2013 en 127 medidas de inserción que beneficiarán a las 133.500 personas que sufren alguna discapacidad y pueden acceder al mercado de trabajo.

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(EFE)

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Plan de Empleabilidad para Personas con Discapacidad en Andalucía, documento que prevé invertir 414,4 millones de euros hasta 2013.

El Plan de Empleabilidad, según ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el consejero de Empleo, Antonio Fernández, afectará al 67 por ciento de las personas que sufren algún tipo de discapacidad que hay en Andalucía y que son las que pueden acceder al mercado de trabajo.

Dentro del grupo, se dará prioridad a 76.700 personas -inactivas y no inscritas como demandantes de empleo- que desconocen que pueden llevar una vida laboral en igualdad de condiciones, según ha dicho el consejero, quien ha añadido que el implicará a las Consejerías de Empleo, Justicia y Administración Pública; Innovación, Ciencia y Empresa; Educación, e Igualdad y Bienestar Social.

Antonio Fernández ha señalado que con el plan se dará cumplimiento tanto a distintos artículos del nuevo Estatuto de Autonomía como al VI Acuerdo de Concertación Social, y que su aprobación coincide, además, con la celebración en 2007 del Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades.

En la elaboración del texto han participado once direcciones generales de la Administración autonómica y representantes del movimiento asociativo relacionado con la discapacidad y de las organizaciones empresariales y sindicales, y de la inversión total prevista, 357,43 millones de euros se destinarán al área denominada de Acceso y Permanencia en el Empleo.

Este es uno de los seis grandes bloques de medidas que integran el plan, según el titular de Empleo, que ha añadido que en el mismo se recogen, entre otras iniciativas, programas para potenciar los Centros Especiales de Empleo (empresas que cuentan en sus plantillas con un mínimo del 70 por ciento de trabajadores con discapacidad).

También se recogen incentivos a la contratación de hasta 12.000 euros; la creación de agentes de intermediación laboral entre empresas y trabajadores; planes formativos específicos con compromiso final de contratación, e instrumentos para garantizar la adecuada difusión de ofertas de trabajo entre el colectivo.

El documento establece la reserva de un 5 por ciento de las plazas del programa de Escuelas Taller para discapacitados, y se reforzarán los planes especiales de la Inspección de Trabajo y las campañas informativas para que las empresas de más de 50 trabajadores alcancen una cuota de un 2 por ciento de acceso del colectivo a sus plantillas.

El Área de Apoyo a la Iniciativa Empresarial, presupuestada en 21,01 millones de euros, recoge un abanico de medidas que van desde las ayudas y microcréditos para constitución como autónomos a la prestación de asistencia técnica, la agilización de trámites y las acciones para facilitar el acceso a las empresas de economía social.

Respecto a las medidas para la Educación, dotada con 8,10 millones de euros, incluye la implantación de programas especiales de entrenamiento en tecnologías de la información y la comunicación, y la creación de la figura del "acompañante de apoyo" para los universitarios con discapacidad, entre otras actividades.

Por su parte, en el Área de Adecuación del Entorno Laboral se consigna un gasto público de 2,38 millones de euros para iniciativas como ayudas a empresas que adecúen las instalaciones y eliminen barreras arquitectónicas.

Además de estas áreas, el plan incluye dos áreas de carácter transversal con medidas que se aplicarán en toda la estrategia.

La primera de ellas, denominada Coordinación, Movilización y Participación de los Agentes, cuenta con un presupuesto de 15,57 millones de euros y, entre otras previsiones, recoge la firma de acuerdos con empresas, el estudio de la discapacidad como materia universitaria relevante en el currículum académico y la concesión de incentivos a la investigación.