Kampala.- La directora de la Iniciativa para los Derechos Humanos de la Commonwealth, o Mancomunidad de Naciones, Maja Duruwala, manifestó hoy su desilusión acerca del reiterado rechazo de la organización a las sugerencias de defender los mismos mediante un foro internacional.
El obispo anglicano zimbabuense N. Kunonga, denunció también la posición de la Commonwealth frente al tema de los derechos humanos, aunque por diferentes razones.
"¿Vale esto la pena, o simplemente será otra oportunidad perdida?", se preguntó Maja en referencia a la reunión de jefes de Gobierno de la Commonwealth, que comienza mañana, viernes, en Kampala.
Maja manifestó también sus temores de que, en lo que concierne a la defensa de los derechos humanos, los millones de dólares necesarios para trasladar y alojar en la capital ugandesa a los delegados de los 53 países que integran la Commonwealth será "otro ejercicio de despilfarro".
La Commonwealth se jacta, en su Declaración de Harare de 1991, de oponerse a todas las formas de opresión racial y reafirma su compromiso con los principios de dignidad humana, y la libertad e igualdad de derechos para todos, al margen del sexo, raza, color, creencia religiosa o ideología política de cada individuo.
Sin embargo, puntualiza Maja, durante las últimas ocho reuniones, los jefes de Gobierno de la organización han rechazado tajantemente la idea de elevar la Iniciativa para los Derechos Humanos a un foro internacional.
"Cuando se lo pedimos, simplemente se ríen de nosotros", dice Maja, quien puntualiza que "la Commonwealth no es una organización empresarial, un grupo geopolítico o una alianza militar, sino una asociación acerca de la ética humana y eso tiene mucho que ver que los derechos humanos".
El obispo anglicano zimbabuense N. Kunonga, denunció también la posición de la Commonwealth frente al tema de los derechos humanos, aunque por diferentes razones.
"La Commonwealth nunca ha estado por los derechos humanos, sus objetivos son derechos económicos para los británicos", dijo Kunonga, seguidor de la gubernamental Unión Nacional Africana de Zimbabue (ZANU), quien afirmó estar en Kampala por "asuntos religiosos".
"Cuando la Commonwealth habla de derechos humanos, tengo sospechas, sólo se refiere a los derechos humanos en algún país cuando los británicos comienzan a perder sus derechos económicos en él", dijo Kunonga.
El presidente zimbabuense, Robert Mugabe, retiró a su país de la Commonwealth después de que la organización lo suspendiera por la falta de democracia y abusos de los derechos humanos durante las fraguadas elecciones generales del 2002.
Un activista por los derechos humanos, que declinó identificarse, afirmó, por su parte, que la Commonwealth está llena de "dictadores democráticos, como (el presidente ugandés, Youeri) Museveni, que manipulan al Parlamento y los tribunales para aferrarse al poder, ¿cómo pueden respetar los derechos humanos?".
A su vez, Human Rights Watch (HRW) afirmó en un comunicado que "El respeto por la Ley en Uganda debe incluir el fin de la intimidación (por parte del Estado) en las cortes civiles".
"En marzo pasado, miembros de las fuerzas de seguridad irrumpieron en un tribunal superior de Kampala para impedir la liberación de Kizza Besigye, líder del opositor Foro para el Cambio Democrático, puesto en libertad bajo fianza tras 15 meses de detención sin juicio previo.
Reed Brody, un abogado de HRW acotó que "cualquier discusión seria durante la cumbre de la Commonwealth debe reconocer que las violaciones de los derechos humanos son parte intrínseca de la falta de desarrollo sostenido" en los países miembros.
"Los miembros de la Commonwealth deben responsabilizar a sus líderes cuando sus políticas abusivas respecto de los derechos humanos impiden el desarrollo de sus países", añadió Brody.
Aparte de Zimbabue, otro país suspendido por la Commonwealth a causa de violaciones de los derechos humanos es Fiji, donde los militares dieron un golpe de estado en el 2006.
Este año será el turno de Pakistán. Tras la imposición del estado de emergencia, el arresto de defensores de los derechos humanos, activistas de la oposición y abogados de ambos grupos, como así también la destitución de varios jueces, por parte del régimen del general Pervez Musharraf, todo parece indicar que la Commonwealth no tendrá otra opción sino suspender la asociación del país.
Hoy se cumple el plazo de diez días que la Commonwealth dio a Musharraf para restaurar el respeto de los derechos humanos en Pakistán, por lo que la suspensión del país es considerada un "hecho cumplido".
Los activistas dicen que la inminente medida es inadecuada, aunque, una vez más, por diferentes razones.
"La suspensión de un país debe ir acompañada de sanciones y una presión continua contra el país en cuestión", dice Maja, mientras que Kunonga disiente.
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