Pamplona.- El pleno del Ayuntamiento de Pamplona, con la abstención de los dos ediles de ANV, ha condenado hoy el atentado terrorista del pasado sábado y ha exigido a ETA que "deje de atentar".
Las principales autoridades navarras, encabezadas por el presidente, Miguel Sanz (c), y representantes de todas las formaciones políticas, excepto ANV, en la concentración de ayer ante el Ayuntamiento de Pamplona para condenar el atentado de ETA del pasado sábado.
La "rotunda condena" de esa acción terrorista se recoge en una moción presentada por UPN, PSN y Nafarroa Bai que ha sido debatida y votada en un pleno extraordinario, convocado tras el atentado perpetrado el pasado día 1 en el sur de Francia, en el que resultó muerto el guardia civil Raúl Centeno y herido de extrema gravedad su compañero Fernando Trapero.
La postura de ANV, contraria a condenar el atentado, ha sido reprochada por el resto de portavoces municipales, que han coincido en su rechazo a la violencia y han incidido en que no hay razones que justifiquen la pérdida de vidas humanas.
En el texto aprobado con el voto a favor de esos tres grupos y la abstención de ANV, el Consistorio muestra su solidaridad y apoyo a los familiares de los agentes, así como a la Guardia Civil y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los efectivos de seguridad privada que "ante las amenazas de ETA, trabajan para garantizar la seguridad de los ciudadanos".
Asimismo el Ayuntamiento "exige a ETA que deje de atentar" y le dice que "no sólo tiene enfrente a todas las instituciones del Estado democrático, sino a la inmensa mayoría de los ciudadanos, que reiteradamente, han condenado su existencia como banda terrorista que amenaza a toda la sociedad y desprecia los cauces democráticos de participación política y el debate público".
El Consistorio también reitera su "convencimiento de que la unidad de los demócratas contra los terroristas conseguirá que depongan las armas, y que tal unidad permitirá que prevalezcan los valores del Estado de Derecho y los fundamentos de la sociedad democrática que garantizan la vida y la libertad de todos".
Finalmente, se compromete en la "defensa sin excepción de los derechos humanos y entre ellos, los derechos civiles y políticos, tanto individuales como colectivos proclamados por la Constitución española de 1978 y los acuerdos internacionales".
La decisión de ANV de no apoyar este texto ha sido calificada como "indecente" por el portavoz de UPN, José Iribas, quien ha sostenido que quien no condena "no merece más que ser expulsado e ilegalizado".
Por su parte, la portavoz del PSN, Maite Esporrin, ha asegurado que "jamás" podrán hablar de política con unas personas que no condenan la violencia y ha insistido en que ANV debe cumplir la ley.
A ANV se ha dirigido también la portavoz de NaBai, Itziar Gómez, quien les ha dicho que no es compatible exigir derechos para uno mismo y callarse ante una expresión de violencia, como tampoco lo es exigir solidaridad para uno y no hacerlo ante la vulneración de un derecho.
En opinión de la portavoz de ANV, Mariné Pueyo, "las peticiones de condena a la izquierda abertzale buscan más la criminalización, la persecución y por consiguiente la ilegalización del sector independentista que un esfuerzo serio y real para abordar las raíces del conflicto político y armado".
La edil, que se ha preguntado si la ilegalización de esta formación "va a resolver el conflicto de este pueblo", ha dicho que son conscientes de la "gravedad de la situación que atraviesa Euskal Herria y la necesidad urgente de dar pasos hacia un nuevo marco que garantice todos los derechos, tanto individuales como colectivos".
Asimismo ha apuntado que "estos hechos como los hechos violentos de toda índole ponen sobre la mesa la necesidad de abordar con toda urgencia un escenario democrático basado en la libertad y en los derechos que corresponden a este pueblo".
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