Un español paga por el agua de grifo casi la mitad que un alemán

MADRID.-  Un español paga por el agua de grifo 1,28 euros por m³ y un alemán 2,15 euros. ¿Por qué cuesta un 60% más barata aquí dónde más escasa es? La incorporación de la Directiva Europea Marco del Agua ha desvelado cuestiones muy interesantes sobre la política del agua.

Lavandeira jr (EFE)

Vista del embalse de Fervenza, en la localidad coruñesa de Dumbría.

Leer los periódicos en los primeros años del milenio sin encontrar titulares sobre la política del agua era casi imposible. Os recuerdo los dos hitos más recientes en este capítulo vividos en España. En julio 2001, se aprueba la Ley de Plan Hidrológico Nacional, incluyendo en conocido trasvase del Ebro y en junio de 2004 se aprueba el Decreto-Ley que lo deroga. En esta legislatura, además de algunas desaladoras –menos de las que se habían previsto en el Programa AGUA –, poco más se ha hecho en materia de aguas.

¿Seguro? Pues aunque parezca mentira se ha trabajado y duro, y si no que se lo digan a funcionarios ‘hidráulicos’ de cualquier administración o a las consultoras que han trabajado para ellas. Y la tarea en este caso nos ha venido de fuera, dictada por la famosa Directiva Europea Marco del Agua aprobada en diciembre de 2000.

Nadie puede dudar que esta Directiva ha supuesto un cambio de timón en la política del agua europea, que en el caso de España ha significado romper con un modo de entender la gestión del agua que data del Regeneracionismo de Joaquín Costa a finales del XIX. Sucintamente, esta Ley europea obliga a todos los estados miembros a poner en pié de igualdad los objetivos de asegurar un abastecimiento de agua seguro y saludable para los europeos y de mejorar el estado ecológico de todas las aguas comunitarias.

Como en cualquier directiva, cada estado miembro es libre de aplicar las políticas nacionales para lograr sus fines del modo que estime más conveniente. Pero en el caso de esta del Agua, su complejidad técnica y conceptual ha requerido un pilotaje continuo realizado por la Comisión Europea y los grupos de trabajo que han liderado algunos países.

El ciudadano europeo que se pregunte sobre el retorno de tanto esfuerzo técnico y presupuestario, motivado por una política que en principio no tendría que tener ámbito comunitario sino nacional, deberá esperar hasta 2015 para tener una idea precisa. A medio camino entre el comienzo de los trabajos técnicos, en 2001, y la fecha en que se podrán ver los logros, hemos hecho muchas averiguaciones relevantes que conviene repasar.

La primera es que desconocemos el estado ecológico de casi la mitad de nuestros cuerpos de agua (ríos, lagos, embalses y acuíferos). De los que sabemos algo, parece evidente que hay muchos de ellos cuyo estado dista dramáticamente de poderse catalogar como bueno o muy bueno. Sin embargo, y seguimos hablando sólo de España, una cuarta parte pueden considerarse como buenos, fundamentalmente en los cursos altos de los ríos.

Lavandeira jr (EFE)

Unas garzas en el río, junto al embalse de Fervenza.

La segunda averiguación es que los servicios relacionados con el agua –disculpad el uso de jerga comunitaria– van a encarecerse sustancialmente. Se sabe que las tarifas que pagamos los españoles por el agua de grifo vienen a ser entre un tercio y la mitad de lo que pagan los países más ricos de la Unión Europea (como ilustra el ejemplo de Alemania). Y la razón no es otra que gastan mucho más en depurar las aguas urbanas e industriales antes de devolverlas a los cauces.

La Directiva del Agua obliga a que todos los usuarios del agua paguen tarifas que permitan recuperar de manera íntegra todos los costes del servicio, incluyendo los financieros, ambientales y del recurso. Según los cálculos del Ministerio, en España, tanto los usuarios urbanos como los regantes pagan tarifas que permiten una recuperación plena de los costes financieros. Sin embargo, otra cosa muy distinta es incluir las partidas más ambientalistas del coste del agua.

Aunque el coste del recurso, su valor o renta de escasez, sea difícil de evaluar, el coste ambiental es fácilmente determinable en la medida que sabemos cómo hay que tratar las aguas que usamos para devolverlas en calidad a las fuentes. Y sólo por esto, sabemos que los consumidores veremos cómo la tarifa del agua se encarece por encima del IPC en los próximos años. Al menos para los consumos superiores a los que se ha dado en considerar esenciales (75 litros persona y día).

No oculto mi cautela a la hora de predecir si los regantes españoles se rascarán o no el bolsillo en la medida que lo harán industrias, comercios y consumidores. Hasta el momento, tanto Cataluña como País Vasco, ambos con cánones sobre el uso del agua aprobados recientemente, han exonerado a sus regantes del pago. El gobierno ha aparcado el tema en esta legislatura.

La tercera y última averiguación no surge directamente de la directiva, pero guarda relación con su aplicación. Me refiero al cambio climático y a sus efectos sobre la disponibilidad del agua y la probabilidad y magnitud de sucesos extremos, tales como sequías e inundaciones. Por el momento no hay acuerdo en la comunidad científica sobre el impacto del calentamiento global sobre las precipitaciones medias en España. Pero sí lo hay en anticipar que habrá menos innivación, y por tanto, menor capacidad de almacenamiento en zonas de montaña, y también que los sucesos extremos serán más intensos y frecuentes. La evolución del clima va a hacer más compleja la gestión del agua inspirada en los postulados de la Directiva.

Dejo para mi siguiente artículo el análisis de los usos agrarios del agua. Entre tanto, no olvidéis que un kilo de trigo encierra 800 litros de agua y que en España usamos el 75% de nuestros recursos en regar los campos.

*Alberto Garrido es profesor de Economía y Ciencias Sociales Agrarias de la E.T.S de Ingenieros Agrónomos, de la Universidad Politécnica de Madrid.