Caracas.- El cardenal Jorge Urosa rechazó hoy la toma de la sede del Arzobispado por parte de un grupo afecto al presidente Hugo Chávez y dijo que es responsabilidad del Gobierno evitar que se repitan actos de violencia como ese.
Urosa lamentó que ninguna autoridad atendiera sus llamadas telefónicas para denunciar la invasión de la sede arzobispal y exigió "respeto para la Iglesia".
"Esta escalada de violencia debe cesar y eso le corresponde al Gobierno. Todos los sectores debemos contribuir a que haya paz, armonía, concordia. Las diferencias se dilucidan con diálogo y en democracia", dijo el arzobispo de Caracas al canal privado Globovisión.
El grupo invasor estuvo liderado por la dirigente popular Lina Ron, cabeza de la minoritaria y radical Unidad Popular Venezolana (UPV), que en la última elección obtuvo los votos del 0,68 por ciento de los ciudadanos.
Urosa lamentó que ninguna autoridad atendiera sus llamadas telefónicas para denunciar la invasión de la sede arzobispal y exigió "respeto para la Iglesia", así como para los que trabajan con él, para su persona y para los sacerdotes.
El cardenal vinculó la acción de hoy con "ataques" de algunas personalidades oficiales a las posiciones adoptadas por la jerarquía católica en algunos asuntos de interés nacional.
"No es casual que el otro día altísimos personeros del Gobierno hicieran unos señalamientos contra la Iglesia y contra mí y que hoy ocurra esto", apuntó sin precisar los nombres de los funcionarios.
El ministro de Interior, Ramón Rodríguez Chacín, criticó el lunes que la Nunciatura estuviese dando asilo a Richard Nixon Moreno, un prófugo de la justicia.
Moreno está reclamado por la justicia venezolana al haber sido acusado por la Fiscalía de "homicidio intencional simple, en grado de frustración", en perjuicio del policía Gerardo Dugarte, y de "actos lascivos violentos contra la policía Sofía Aguilar en grado de cómplice necesario".
Urosa opinó que "se le están yendo las cosas de las manos al Gobierno" y pidió "cordura y serenidad".
El grupo invasor leyó un comunicado en el que denunció "una persecución" contra sus colectivos y una presunta complicidad entre medios de comunicación privados, sectores oligárquicos y la jerarquía de la iglesia católica para provocar la caída de Chávez.
Ron advirtió que esa complicidad convertía a esas instancias en "objetivo" de los grupos revolucionarios, sin especificar en qué consistirían las acciones de las que serían objeto.
La toma del Arzobispado coincidió con la celebración, por parte de los sectores pro gubernamentales, del aniversario del "Caracazo", que comenzó el 27 de febrero de 1989 contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez y es considerado el precursor de la "revolución bolivariana".
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