Las primeras 30 condenas por disturbios en Lhasa incluyen tres cadenas perpetuas

Pekín.-  La justicia china hizo hoy públicas las primeras 30 condenas a responsables de los disturbios en Lhasa del pasado marzo, entre las que destacaron penas de prisión para al menos seis monjes, tres de ellos con cadena perpetua.

Todas las sentencias, las primeras anunciadas por las revueltas en el Tíbet, fueron dictadas durante el día de hoy por el Tribunal Intermedio Popular de Lhasa, y van desde los tres años de prisión hasta la condena perpetua, publicó la agencia oficial Xinhua.

Los tres condenados a cadena perpetua son el chófer Soi'nam Cering, nacido en 1988, un monje llamado Basang cuya edad no fue facilitada y un empresario de 30 años de nombre Cering.

Soi'nam Cering fue acusado de quemar una serie de vehículos cerca del monasterio de Johkang, en el centro de Lhasa, además de causar daños en comisarías de policía y coches de bomberos y atacar a bomberos.

El joven chófer fue condenado por los delitos de "provocación de incendio" e "interrupción de los servicios públicos", mientras que la información oficial no señaló por qué crímenes fueron convictos el resto de acusados.

El monje Basang que, como muchos ciudadanos tibetanos, no tiene apellido, fue a su vez acusado de provocar destrozos en una oficina del Gobierno local y 11 tiendas y de atacar a policías en acto de servicio.

De los cinco monjes que acompañaban a Basang, dos fueron sentenciados a 20 años de prisión y tres a 15.

El último de los condenados a cadena perpetua, Cering, es un empresario del condado de Lingzhou, a unos 70 kilómetros de Lhasa, y fue sentenciado por "incitar a otros a incendiar y saquear tiendas y vehículos durante los sucesos violentos ocurridos en el condado los días 15 y 16 de marzo".

Consultado hoy por Efe, el Tribunal dijo que no podía dar más información sobre las sentencias y que ésta será ofrecida exclusivamente por los medios oficiales chinos.

Se trata de la primera sentencia judicial relacionada con las protestas en Lhasa, en las que según el Gobierno chino murieron 19 personas (18 civiles y un policía), mientras que, según los tibetanos en el exilio, la represión policial de las manifestaciones causó más de 140 muertos.

Según las cifras oficiales, los protagonistas de las protestas incendiaron siete escuelas, cinco hospitales y 120 viviendas, además de provocar destrozos en 908 tiendas y pérdidas por valor de más de 35 años, en los peores disturbios en el Tíbet desde 1989.

Tras los disturbios de Lhasa, llevados a cabo por independentistas tibetanos, principalmente contra emigrantes chinos y musulmanes en esa ciudad, las autoridades de Pekín prometieron ser "clementes" con aquellos responsables que se entregaran en las horas posteriores.

Según el código penal chino, las alteraciones graves del orden con resultado de graves daños económicos y pérdida en vidas humanas pueden castigarse con la pena de muerte.

Varios cientos de personas han sido detenidas en relación con estas protestas y las ocurridas en otras áreas de población tibetana en marzo, por lo que se esperan nuevas sentencias próximamente.

Tras conocerse las sentencias, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino señaló, por boca de su portavoz Jiang Yu, que China "ha manejado el incidente del 3-14 de acuerdo con la ley, y durante el proceso, aquellos que violaron las leyes chinas fueron castigados de acuerdo con las leyes chinas".

Las sentencias se producen pocos días después de que el Gobierno chino anunciara, el pasado 25 de abril, que aceptaba reunirse con emisarios del Dalai Lama, tras meses de interrupción de este diálogo y después de que la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, exigiera a Pekín que reabriera las negociaciones.

En la rueda de prensa de hoy, Jiang negó que China haya actuado en respuesta a esas presiones internacionales, señalando que el Gobierno del país "nunca cederá a cualquier presión internacional en temas que conciernen integridad territorial y soberanía nacional".