Granada.- La Comisión de Garantías de la Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado por unanimidad de sus miembros el proyecto de videovigilancia en el centro de Granada impulsado por los comerciantes con el respaldo del Ayuntamiento de la capital.
Detalle de una de las 31 cámaras instaladas en una de las calles de la ciudad de Madrid. La puesta en marcha se produjo después de la visita realizada por la Comisión de Videovigilancia, tras la que el Ayuntamiento obtuvo la autorización imprescindible.
Así lo han informado hoy a los periodistas el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, y el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, quien ha precisado que el informe desfavorable de la Comisión al proyecto gira en torno a la idea de intimidad y a las características urbanas singulares de la ciudad.
Ni el presidente ni el fiscal han querido ofrecer más detalles sobre esta resolución, aunque García Calderón ha precisado que todos los vocales han coincidido en expresar los mismos argumentos, teniendo en cuenta los "valores de carácter histórico y monumental" de Granada que, ha añadido, "quizá aconsejen una reconsideración del problema".
Los distintos argumentos jurídicos barajados por la comisión, ha dicho, han sido además enriquecidos por el criterio de los asesores técnicos que han comparecido en la misma.
Por su parte, Méndez de Lugo ha informado de que cuando el informe es desfavorable la autoridad gubernativa no puede autorizar el proyecto.
El informe es, por tanto, vinculante cuando considera que la instalación supondría una vulneración de los criterios establecidos en la ley, en cuyo caso no puede concederse la autorización solicitada.
Según establece el Real Decreto que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado en lugares públicos, la Delegación del Gobierno deberá notificar ahora la resolución motivada.
Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabrá interponer potestativamente recurso de reposición o impugnarla ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
La Comisión del TSJA ha estudiado hoy el proyecto después de que la Delegación del Gobierno en Andalucía se lo remitiera para que se pronunciara sobre su implantación.
La solicitud llegó a la Delegación del Gobierno a su vez de manos de la Subdelegación del Gobierno en Granada, que le remitió el proyecto después de que el Consistorio de la capital diera cumplimiento a los requerimientos sobre la financiación, control y mantenimiento del sistema que le hizo ese organismo para poder tramitarlo.
El Ayuntamiento anunció recientemente que financiaría el proyecto con una partida de 100.000 euros con cargo al Plan Urban.
Lo que reste del coste total -un primer informe sobre la viabilidad del proyecto cifró entre 150.000 y 180.000 euros la instalación del sistema- lo asumiría el Centro Comercial Abierto, promotor de la iniciativa.
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