La Haya.- Serbia y Montenegro han pedido hoy a los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que no admitan a trámite la denuncia de Croacia por genocidio debido, entre otras razones, a que en ese país no se produjo tal delito.
Vista de la Corte Internacional de La Haya antes del inicio de una audiencia sobre la acusación de genocidio de las fuerzas serbias en Croacia durante los años 1991 a 1995.
El profesor de Derecho de la Universidad Central Europea, Tibor Varady, explicó como miembro de la delegación de Belgrado que los crímenes perpetrados en Croacia entre 1991 y 1995 por serbios "no son ni siquiera en 'prima facie' un genocidio".
Para apoyar su posición se refirió al trabajo del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), que nunca culpó a un serbio de genocidio por crímenes cometidos en Croacia y "ni siquiera emitió acusaciones de genocidio".
"No negaré el sufrimiento de los croatas, en gran parte ocasionados por los serbios, pero eso no significa que tengan que ser calificado de genocidio", argumentó Varady ante los 15 jueces de la CIJ.
Refiriéndose a los conflictos bélicos en el territorio de la antigua Yugoslavia durante la década de los noventa, señaló que "no se puede hablar de una sola víctima o un solo culpable".
El letrado solicitó a la CIJ que no admita la denuncia de Croacia porque "éste es un caso en el que no hubo genocidio".
Croacia denunció en julio de 1999 a Serbia y Montenegro, aduciendo que violó la Convención de la Prevención y Castigo del crimen de Genocidio (Convención de Genocidio de 1948) entre 1991 y 1995, período de guerras en el territorio de la antigua Yugoslavia.
El mismo país argumentó que Serbia, que en 1999 todavía era la República Federal de Yugoslavia, fue responsable de la "limpieza étnica" de ciudadanos croatas, considerándola "una forma de genocidio que tuvo como resultado que un gran número de ciudadanos croatas fuesen desplazados, asesinados, torturados o detenidos ilegalmente".
Croacia, que pide a los jueces que Serbia indemnice al Estado y a la población croata por daños personales, económicos y ambientales, basó su denuncia en el artículo IX de la Convención de Genocidio, del que forman parte ambos países.
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