Preocupados por la ciencia

MADRID.-  La ciencia estrena nueva etapa política con el recién creado Ministerio de Ciencia e Innovación, que reúne todas las competencias sobre investigación y universidades, pero no las de tecnologías de la información, que siguen en el Ministerio de Industria. La ministra Cristina Garmendia, una emprendedora científica, ha aparecido este fin de semana en la prensa por primera vez desde su nombramiento, pero la vaguedad de sus propuestas preocupa cuando muchos expertos coinciden en que hace falta decisión política para impulsar este sector estratégico.

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, considera que España necesita unos 55.000 científicos

Cristina Garmendia está preocupada por el impacto de la crisis económica en la inversión en innovación y desarrollo (I+D+i) y resume de esta forma la situación: "Somos el segundo o tercer país con el gasto público más alto en I+D respecto al PIB. Lo que ocurre es que el gasto privado no acompaña".

¿Soluciones? La ministra da pocas más allá de trabajar en vincular más universidad y empresas, y atraer a más investigadores españoles o extranjeros. El secretario de Estado de Investigación, Carlos Martínez Alonso, respondía con más claridad e insistía en tres estrategias: trasladar el conocimiento "al sector productivo, a través de patentes", "fomentar la creación de más empresas de base tecnológica, permitir a los investigadores crear empresas y formar parte de sus consejos de dirección" y "fomentar el mecenazgo, a ninguna economía puntera basada en el conocimiento le falta esa fuente de financiación privada, pero aquí no es así, tenemos que cambiarlo".

¿Es suficiente y adecuado?

España gasta en I+D sólo el 1,2% del PIB, 11.815 millones de euros, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el 1,16% según Eurostat, muy por debajo de la media europea del 1,84% y casi la mitad que la media de la OCDE. Muy lejos del objetivo europeo de la agenda de Lisboa de llegar al 2,6% en 2010.

Por sectores, las empresas representan el mayor porcentaje sobre el gasto total en I+D (un 55,5%), lo que supone el 0,67% del producto interior bruto (PIB). Después las universidades, con un 27,6% del gasto total, el 0,33% del PIB. El gasto en I+D de la Administración Pública es un 16,7% del gasto total y un 0,20% del PIB. El 0,2% restante corresponde al sector de las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL), según datos del INE y el Ministerio de Ciencia.

En los tres apartados estamos muy lejos de la media de la OCDE: donde las empresas invirtieron en 2005 el 1,18 del PIB; la Administración, el 0,24%, y las universades el 0,42.

Y si hablamos del capital riesgo, la situación es igual o peor. "Los fondos destinados al capital riesgo (en su fase inicial o start-up) es del 0,013% del PIB en España en el 2005 según Eurostat, cuando la media de la UE 15 es de 0,022%", según el diagnóstico del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011.

¿Y sobre los investigadores?

Tenemos 5,2 por cada mil habitantes frente a 8 de media en la OCDE y casi todo el mundo está de acuerdo en que sobra precariedad en contratos de alta temporalidad y existe un exceso de burocratización y una falta de exigencia apabullante en los cargos universitarios y en muchos puestos permanentes de investigación.

Hacer ciencia en España sigue siendo llorar, como se quejaba Ramón y Cajal. Pero la queja no llega.

Quizá en un momento de crisis económica se pueda aprovechar para romper con un modelo económico que prima la especulación y el consumo frente al desarrollo y la productividad. También va siendo hora de que el despegue del estado de las autonomías y el enorme crecimiento de universidades y centros de investigación no se esclerotice con burocracia, politización y falta de exigencia, como se quejan muchos expertos. Que se revise la situación de los investigadores para primar la excelencia, la propia actividad investigadora y los resultados. Y que los apoyos y empujes públicos para la empresa privada se otorguen más por el valor de sus investigaciones, desarrollos y productos que por la buena gestión de las ayudas y la habilidad de las consultoras que se encargan de tramitar una gran parte de las subvenciones y ayudas.

Y también de abrir la propia ciencia española a más trabajos de ciencia e investigación abierta y en colaboración, porque donde la iniciativa pública y empresarial sigue siendo débil, la colaboración entre científicos e investigadores puede ayudar a poner en marcha proyectos y a abrir la investigación a la sociedad, otro de los sempiternos males de la ciencia española.

Estar por detrás en patentes puede ser perjudicial para la consecución de muchos beneficios, pero también puede impulsar a poner en marcha una nueva cultura científica más abierta y atractiva para investigadores angustiados por los obstáculos para muchas investigaciones producidos por el exceso de patentismo y las limitaciones comerciales de la investigación.