Miami (EE.UU.).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó hoy preocupación por un dictamen que condenó al diario Folha y a la revista Veja de Brasil a pagar una multa tras la publicación de una entrevista considerada como propaganda política.
"Nos sorprende esta decisión judicial porque se puede estar corriendo el riesgo de que la información periodística se confunda con la propaganda", afirmó el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Earl Maucker.
La SIP, con sede en Miami (EE.UU.), también exhortó a que se analice de manera pormenorizada la ley vigente que establece los parámetros a la propaganda electoral, "ya que podría contravenir el contenido de los géneros periodísticos".
Un juez de Sao Paulo, Francisco Carlos Shintate, condenó esta semana a la empresa Folha da Manhã S.A. y Editora Abril, respectivas casas editoriales del rotativo Folha y la revista Veja, a pagar unos 13.200 dólares cada una.
La sentencia fue impuesta por la difusión de una entrevista con la precandidata a la alcaldía de esa ciudad, Marta Suplicy (PT), considerada propaganda electoral anticipada. La política también fue condenada al pago de una pena pecuniaria.
"Nos sorprende esta decisión judicial porque se puede estar corriendo el riesgo de que la información periodística se confunda con la propaganda", afirmó el presidente de la SIP, Earl Maucker.
"De esa forma, los medios no tendrán la certeza sobre sus límites, ya que la ley puede ser muy rigurosa, confundir textos periodísticos con propaganda y muy especialmente coartar el derecho del público a informarse, justamente en períodos en que los ciudadanos necesitan estar bien informados y orientados para ejercer su derecho al voto", explicó.
Además de lamentar la decisión judicial porque "puede generar autocensura", el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gonzalo Marroquín, ratificó anteriores solicitudes de la organización a Brasil y otros países del hemisferio occidental a que revisen sus leyes electorales.
"Muchas de ellas están en el límite de la censura, al confundir el papel de los medios y la información, con la necesidad de ordenar la equidad de la oferta de propaganda de candidatos y partidos políticos en pugna", destacó.
De acuerdo con el juez electoral, quien basó su decisión en la ley nº 9.504/97 que libera la propaganda electoral después del 6 de julio, la entrevista con la precandidata fue más allá de los intereses periodísticos y la definió como típica propaganda electoral.
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