Santiago de Compostela.- Unas 1.300 viviendas promovidas por la inmobiliaria Martinsa-Fadesa en Galicia están pendientes de entrega, ha informado hoy a Efe la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros de Galicia (ADICAE).
El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño (d) conversa con el presidente del Banco Santader, Emilio Botín antes de mantener una reunión en el despacho de Monte Pío en Santiago de Compostela.
A pesar de que Martinsa-Fadesa presentó ayer en el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña el concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos), esto "no implica la resolución contractual", explicó la responsable de asesoría de consumo de ADICAE, María Queijas.
Por ello, los consumidores han de seguir pagando las cantidades comprometidas y esperar a que Martinsa-Fadesa les entregue las viviendas, añade Queijas, quien detalla que en caso de que la entrega no se produzca "podría exigirse la devolución de las cantidades anticipadas con un interés de un 6 por ciento anual".
Además, la ley "obliga" a cualquier promotora a suscribir un seguro o un aval que garantice la restitución de dichas cantidades, por lo que "se le podrá exigir esta devolución a la compañía aseguradora o financiera que haya prestado esa garantía", explica.
ADICAE Galicia añade además en un comunicado que esta asociación "se hace eco de la inquietud manifestada por numerosos clientes de Caixa Galicia" sobre la posible incidencia de la crisis de Fadesa en la situación patrimonial de esta entidad.
Caixa Galicia informó ayer de que realizó una provisión cautelar de 78 millones de euros con cargo a los resultados del primer semestre del año para anticiparse a los riesgos que puedan derivarse de la solicitud de suspensión de pagos de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, de la que es acreedora.
"La suspensión de pagos de la inmobiliaria no es más que una maniobra para ocultar las manipulaciones de capital", comunica ADICAE Galicia, que considera que esta situación "es la expresión de la explosión de la burbuja inmobiliaria que ha reinado en España con la complacencia del Gobierno y la connivencia de las entidades financieras".
La asociación sostiene que las entidades financieras, y en especial las cajas de ahorro, "han puesto en peligro el dinero de los impositores" y "han cooperado al engaño" de los consumidores que confiaban en adquirir una viviendas tras abonar grandes cantidades de dinero.
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