El Gobierno y la Generalitat llegan al 9 de agosto sin un acuerdo en la financiación

Barcelona.-  El sábado 9 de agosto es la fecha que marca el Estatut como límite para que el Gobierno y la Generalitat pacten las bases del nuevo sistema de financiación de Cataluña, un plazo que se cumplirá sin que se haya llegado a ningún acuerdo sobre el futuro modelo económico catalán ni, por extensión, del resto de las comunidades de régimen común.

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(EFE)

El sábado 9 de agosto es la fecha que marca el Estatut como límite para que el Gobierno y la Generalitat pacten las bases del nuevo sistema de financiación de Cataluña. En la imagen, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes.

El Gobierno y la Generalitat no han podido alcanzar un acuerdo en un aspecto básico, poner límites a la solidaridad interterritorial, ya que el vicepresidente económico, Pedro Solbes, rechaza uno de los pilares que para las fuerzas catalanas resulta básico en el nuevo modelo de financiación previsto en el Estatut y que pasa por establecer un nuevo criterio que limite el fondo de solidaridad a la sanidad, educación y los servicios sociales esenciales.

El planteamiento de la Generalitat, apoyado por CiU, es que un territorio, una vez que haya hecho un esfuerzo de solidaridad, no ha de bajar drásticamente en el ránking" de 'renta per cápita' en beneficio de otras comunidades autónomas que sí han recibido dinero en concepto de solidaridad interterritorial.

Cataluña, en concreto, figura en tercer lugar en la lista de comunidades con más recursos, pero desciende al undécimo puesto tras aplicarse los mecanismos de nivelación entre territorios.

Pedro Solbes reconoció a finales de julio que la obligación del Gobierno con respecto al nuevo sistema de financiación es cumplir con el Estatuto catalán, pero también con el resto de textos estatutarios, así como con la Constitución, para lo que espera llegar a un acuerdo con las comunidades en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Solbes tiene aliados en las comunidades autónomas que se han opuesto a cambiar el sistema, como es el caso de Galicia, Andalucía o Extremadura, porque opinan que perderán fondos si se aplica esta limitación de la solidaridad que ya contempla el Estatut.

La voluntad de Cataluña es que el nuevo sistema tenga también en cuenta el aumento de población desde el año 2001 -alrededor de un millón de personas en la comunidad- a lo que se oponen Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Aragón, que reclaman un reparto de fondos que tenga en cuenta el coste real de los servicios y no solo la cifra de habitantes.

El conseller de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, ha forjado sus propias alianzas con las CCAA que saldrían beneficiadas con el sistema que defiende Cataluña, como es el caso de la Comunidad Valenciana o de Baleares.

Al sobrepasar el plazo del 9 de agosto sin haber alcanzado un acuerdo, se habrá incumplido el mandato de una ley orgánica, como es el Estatut, que en su disposición final primera indica que "la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat han de concretar, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de este Estatut, la aplicación de los preceptos del título VI", el capítulo dedicado al sistema de financiación.

Sin embargo, según portavoces gubernamentales, para el ministerio que encabeza Solbes, sólo con presentar su propuesta -rechazada desde Cataluña- el Gobierno ya ha cumplido el Estatut, y, en su opinión, "lo absolutamente relevante es que el nuevo modelo esté vigente en el año 2009".

En este sentido, estas fuentes añadieron que "la voluntad del Ministerio de Economía es que el nuevo modelo de financiación autonómica esté vigente en el año 2009. Es una voluntad firme y real, y no da cabida a las voces que dicen que el Gobierno no quiere afrontar esta reforma. Queremos y lo haremos, pero para ello hay que buscar un consenso en una negociación compleja".

Mañana se escenificará el malestar por esta situación de los partidos que forman el tripartito catalán -PSC, ICV y ERC- y de CiU en un acto que tendrá lugar en Barcelona convocado en la sede del Departamento de Economía y en presencia del conseller Antoni Castells.

El Ministerio de Economía ha aplazado hasta septiembre la reanudación de las conversaciones pero, como han denunciado empresarios como el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, las partes ni siquiera se han marcado una nueva fecha límite.

El Gobierno cuenta con apoyos para aplazar las conversaciones, como el del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, quien ha señalado que no es el "mejor momento" para afrontar la financiación autonómica con una situación de desaceleración de la economía.

Una de las claves para la reivindicación catalana es si finalmente se podrá articular una propuesta de financiación común que cuente con el apoyo del tripartito y también de CiU en septiembre, una iniciativa que está coordinando el conseller Castells, con la intención de presentarla cuando pasen las vacaciones.