La Junta quiere vender viviendas sociales para poder contar con más recursos

Mérida.-  La Junta de Extremadura quiere poner en marcha el próximo mes de septiembre un plan específico de venta de viviendas sociales para poder contar con más recursos que puedan revertir en inversiones en el sector de la construcción y lograr el mantenimiento del empleo.

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(EFE)

Así lo ha anunciado hoy su presidente, Guillermo Fernández Vara, que ha encargado a la Consejería de Administración Pública y Hacienda la elaboración de un estudio relativo a la posibilidad de hacer una venta masiva de viviendas sociales propiedad de la Junta, que cuenta con un parque de en torno a 21.000 viviendas.

Así lo ha anunciado hoy su presidente, Guillermo Fernández Vara, que ha encargado a la Consejería de Administración Pública y Hacienda la elaboración de un estudio relativo a la posibilidad de hacer una venta masiva de viviendas sociales propiedad de la Junta, que cuenta con un parque de en torno a 21.000 viviendas.

Esta venta, según el presidente extremeño, tendrá "una excepcionalidad en lo que al precio se refiere" para que realmente "sea apetecible comprarla", con una diferenciación según la antigüedad de la vivienda.

La idea, ha añadido, es que el dinero que la Junta pueda recaudar mediante este plan se pueda invertir en edificación civil o en ayudas a la construcción para lograr el mantenimiento del empleo en este sector.

Fernández Vara ha hecho este anuncio tras reunirse por separado con los secretarios regionales de CC.OO y UGT, Julián Carretero y Miguel Bernal, respectivamente, así como con el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, y con el responsable autonómico de esta organización agraria, Ignacio Huertas.

Estas reuniones, según ha recordado, se enmarcan en las iniciadas el pasado mes de julio con otros agentes sociales y económicos de la región y que se prolongarán en las próximas semanas, para hacer un repaso a la situación económica y exponerles también las líneas generales de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año.

En ese sentido, Fernández Vara ha adelantado que aunque el presupuesto se verá afectado por la caída de ingresos en el conjunto del país, esto no tendrá ninguna repercusión en las actuaciones incluidas en el plan de infraestructuras ni en las políticas sociales ni en los compromisos que la Junta ha acordado con los agentes económicos y sociales.

Ha avanzado también que el crecimiento estará en una horquilla que oscilará entre el 3,5 y el 5 por ciento, siendo este último parámetro difícil de asumir por la evolución de los ingresos.

Esto hará necesario, a su juicio, que se diferencien las partidas esenciales de las accesorias y que se adopten medidas como la congelación salarial de los altos cargos y de todo el personal de confianza de la Junta de Extremadura, así como el ahorro en telefonía o en energía.

El presidente extremeño ha planteado también la necesidad de agilizar al máximo la puesta en marcha de iniciativas industriales y empresariales proyectadas en la región, como la refinería.

Asimismo, en el sector de la construcción ha abogado por licitación conjunta de proyectos y obras para acelerar los trámites, de forma que se garantice la ejecución en el menor tiempo posible de determinados proyectos, sobre todo de edificación civil, lo que servirá para compensar la destrucción de empleo en el sector de la construcción.

La Junta establecerá, además, que determinadas solicitudes de ayudas a las administración acorten sus plazos en una segunda fase, como la rehabilitación de viviendas, contemplando incluso el "silencio positivo".

Con respecto a la reunión con UPA, Guillermo Fernández Vara ha explicado que se ha abordado la bajada de los precios de los cereales para los agricultores, frente al incremento de los precios para el consumidor, por lo que "hay que dar la voz de alarma, una vez más, sobre lo que pueden ser fenómenos especulativos".