Leonel Fernández afrontará retos económicos y promoverá las reformas políticas

Santo Domingo.-  El presidente dominicano, Leonel Fernández, jurará por tercera vez su cargo el sábado próximo con el apremio de solventar serias demandas económicas y sociales y con la intención de reformar la Constitución, lo que podría allanarle el camino a una nueva candidatura, que por el momento se le niega.

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(EFE)

En el plano local, el mandatario de Rep. Dominicana ha dado muestras claras de que se empeñará en mantener la estabilidad macroeconómica y de la tasa de cambio que, junto al crecimiento económico de los últimos años, forma la "troika" de la gestión que ya termina.

Fernández, de 53 años, tiene un nuevo período para acometer grandes retos, como la solución de las deficiencias del suministro eléctrico, y otros de más reciente firma, pero no de menos importancia, como el impacto local del alza mundial del petróleo y los alimentos.

En este último capítulo, el gobernante lanzó recientemente una ofensiva internacional exhortando a los países más castigados por el alza del "oro negro" a formar un Fondo Global de Solidaridad, por el que el grupo accedería a fondos aportados por las naciones productoras y exportadoras del crudo.

Para Fernández el petróleo es "el enemigo número uno" de su país, por lo que su Gobierno diseña estrategias para que la nación caribeña sea menos dependiente de los combustibles fósiles.

En el plano local, el mandatario caribeño ha dado muestras claras de que se empeñará en mantener la estabilidad macroeconómica y de la tasa de cambio que, junto al crecimiento económico de los últimos años, forma la "troika" de la gestión que ya termina.

La economía local creció un 6,1 por ciento en el primer trimestre y Fernández estima que podría llegar este año al cinco por ciento, por encima de la media de América Latina, Europa y Estados Unidos.

Pero factores como la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y la del petróleo se han unido con una inflación que, al parecer, superará los dos dígitos por primera vez en los cuatro años del Gobierno de Fernández.

El gobernante anunció recientemente una serie de medidas dirigidas a cortar el gasto estatal, entre las que se incluyen reducción de un cinco y diez por ciento a los grandes salarios de los funcionarios, así como un aumento del 15 por ciento a todos los empleados público con ingresos de hasta 30.000 pesos (casi 900 dólares) al mes.

Fernández anunció el término de la generalización del subsidio al gas de cocinar, la concesión de un impuesto único para las importaciones de vehículos de motor de bajo cilindraje, el inicio de un programa de entrega de alimentos a familias humildes y la ampliación del programa "Solidaridad", por el que centenares de miles de personas reciben un subsidio directo.

Estas medidas, aún no implementadas, estarían llamadas a paliar la situación de crisis que se siente en la nación, donde según organismos no gubernamentales la canasta básica se ubica en los 19.000 pesos (unos 560 dólares) cada mes, mientras que el salario mínimo recientemente aumentado por Fernández es de apenas 5.000 pesos (unos 147 dólares).

Precisamente, el alza de los alimentos y los constantes y prolongados apagones que desde hace décadas sufre la población dominicana desataron violentas protestas en los cuatro años de mandato de Fernández.

Sin embargo, uno de los principales desafíos que tiene por delante el mandatario dominicano es el combate al narcotráfico, un flagelo que ha dejado una estela de muertos en los últimos meses y que, según denuncias del asesor del Poder Ejecutivo en materia de drogas, Marino Vinicio Castillo, toca directamente los partidos políticos, los municipios y el propio Congreso Nacional

El Gobierno dijo estos días que combatirá el narcotráfico y someterá a los responsables de este delito a la justicia sin importar "uniforme o rango", o que se trate de "civil o militar".

Fernández someterá el día de su investidura una reforma a la Constitución que podría allanarle el camino a una nueva candidatura, prohibida actualmente en la Carta Magna, que establece que el presidente del país puede optar por una sola reelección consecutiva, tras lo que se vería impedido de volver a ser aspirante presidencial.