Palma.- Dos hombres detenidos por emitir facturas falsas al portavoz de Unió Mallorquina (UM), Bartomeu Vicens, dentro del caso de presunto cobro de comisiones en el polígono palmesano de Son Oms, están prestando declaración ante el juez con la presencia de los dos fiscales anticorrupción.
El portavoz de Unió Mallorquina (UM), Bartomeu Vicens.
El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía, bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares y con la colaboración de la Agencia Tributaria, arrestó ayer a J.L. y T.M.S.J., de nacionalidad belga y española, respectivamente, al tiempo que registró dos oficinas y un domicilio particular.
Tras declarar ante los agentes, los dos hombres fuero puestos en libertad con cargos e informados de su obligación de comparecer ante el juez.
Esta mañana, ambos han acudido a los Juzgados de Vía Alemania de Palma y se encuentran prestando declaración ante el juez Juan Ignacio Lope Sola, titular del Juzgado de Instrucción número 2.
A los Juzgados han acudido asimismo los dos fiscales anticorrupción de Baleares, Juan Carrau y Pedro Horrach. El sumario del caso es secreto.
El proceso de investigación del caso Son Oms comenzó el 29 de mayo, día en que la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra los miembros de UM Bartomeu Vicens -portavoz del grupo en el Parlament y ex conseller del Territorio del Consell de Mallorca- y Maximiliano Morales -ex presidente del Parlament balear-, y contra el abogado Jaume Montis, cuyo despacho fue registrado.
En este asunto judicial se investiga el presunto cobro de comisiones con ocasión del proceso de urbanización de este polígono industrial en el municipio de Palma en la década de los 90.
Estas dos detenciones son las primeras que han tenido lugar en relación a esta trama, en la que hay imputadas varias personas, entre las que figuran Morales, Vicens y la esposa de éste, Antònia Martorell.
Vicens está implicado en el caso del polígono de Son Oms por su actuación como abogado, previo a su entrada en la política.
Anticorrupción sospecha que Vicens habría recibido comisiones, en torno a los 700.000 euros, por su influencia política en la recalificación de estos terrenos próximos al aeropuerto, que pasaron de ser suelo rústico a suelo industrial.
El miembro de UM utilizó la sociedad Metalumba, hasta la fecha inactiva, para cobrar presuntamente comisiones del despacho de abogados Montis, por medio del cual se realizó toda la tramitación para la calificación.
En esta empresa figura la mujer de Vicens, que ha facturado dinero al bufete Montis en concepto de informes de asesoramiento jurídico, cuando ella no sólo no es licenciada en Derecho, sino que no se le conoce profesión alguna.
En Metalumba figura además como administradora una mujer que ha reconocido que es una testaferro y que se ha desvinculado de cualquier operación realizada por Metalumba.
Se trata de una antigua amistad del matrimonio Vicens, que ha reconocido que aceptó ser administradora por su amistad con la pareja y que también está imputada en este caso.
Desde que se llevara a cabo el registro en el bufete Montis, practicado hace ya varios meses, la inspección de Hacienda ha analizado todas las facturas que ha presentado la sociedad Metalumba y se ha descubierto que varias de ellas son falsas.
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