Ellas fueron las primeras en llamar a las puertas de Garzón

MADRID.-  Algunos lo habían intentado ya por la vía ordinaria —donde recibieron un portazo—, otros esperaron a que los políticos recogieran sus peticiones en la ley. Pero cansados o defraudados decidieron llamar a las puertas de la Audiencia Nacional. Ayer, Garzón decidió abrírselas para acabar con la "impunidad" de los delitos de crímenes contra la humanidad que cometió el franquismo.

Eloy Alonso (REUTERS)

Las listas de desaparecidos —con nombres y apellidos— podrán completarse ahora con la recuperación de los cuerpos.

Federico García Lorca ha puesto nombre en los medios de comunicación a los 114.266 desaparecidos de la guerra civil y la dictadura. Y eso que sus familiares siguen pensando que lo mejor es que sus restos reposen sin identificar junto a un olivo en el camino que une Alfacar y Víznar. Pero las familias de uno de los banderilleros y del maestro que fueron asesinados junto al célebre poeta han conseguido que el magistrado ordene la apertura de la fosa común más famosa de España.

Sus denuncias ante el magistrado se presentaron el 12 de septiembre y el 3 de octubre de 2008, cuando ya se había abierto la causa. El caso se inició casi dos años antes. El 14 de diciembre de 2006, seis asociaciones y un particular se presentaron ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional. Ellas fueron las que dieron el primer empujón a la puerta ahora abierta.

"Sentar al franquismo en el banquillo de los acusados"

La Associació per a la recuperació de la memòria històrica de Catalunya comenzó a andar en el año 2000, pero no se constituyó formalmente hasta el 18 de febrero de 2003. Representa a unas 1.500 familias de desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura y aquel 14 de diciembre acudieron a los juzgados sólo con una lista que incluía peticiones expresas de familiares de desaparecidos. "Estamos esperanzados con el auto del juez, aunque ya intuimos que el proceso será largo, extenso, laborioso y complicado", señala Manel Perona, presidente de la Asociación. En su caso, han contado con la "plena cooperación y coordinación" de la Generalitat para facilitar la documentación al magistrado. "Se sumó los esfuerzos de la sociedad civil y las instituciones que tienen competencia en la memoria democrática", afirman.

Menos colaboración institucional han visto en esta última fase del proceso la Asociación de la Memoria Histórica do 36 de Ponteareas. La Xunta les facilitó los datos de los desaparecidos, pero se han encontrado "bastante solos" durante toda la judicialización. "Nuestro objetivo era sentar al franquismo en el banquillo de los acusados y ver reflejado en un auto los crímenes de lesa humanidad y a sus responsables", afirma Ángel Rodríguez, presidente del colectivo. Cuando se constituyó la asociación, en 2006, en el pequeño pueblo de Ponteareas seguía habiendo recelos a hablar. "Los tres directivos no somos de aquí, y las primeras investigaciones nos permitieron ver que la represión extrema que se vivió durante la guerra y la posguerra aún estaba presente en el temor de muchos por destacarse", comenta este profesor de la Universidad de Vigo. Ahora están "muy esperanzados" con la resolución, y esperan que se haga justicia con los 71 casos que han presentado.

También están "muy contentos" en la Asociación de Aragón, después de comprobar que "por primera vez se ve en un escrito oficial de la Justicia a Franco y a sus adláteres como reos de un delito continuado de lesa humanidad", según su presidente, Enrique Gómez. Para él, el magistrado Garzón ha hecho "un pleno" con este auto. El 14 de diciembre llevaban bajo el brazo la documentación de algo más de mil casos, que finalmente se convirtieron en 10.178, "aunque esa cifra aumenta cada día con familias que se ponen en contacto con nosotros". Su objetivo ahora es seguir trabajando y aplicar el tema de las exhumaciones, "pues hay muchas más pendientes de las que el juez cita".

Fernando Magán: el letrado de las familias

Pero además de las asociaciones, no sólo estas primeras —entre las que se encontraban la de Arucas, Mallorca y Sierra de Gredos (Toledo)— sino todas las demás, hay un nombre propio que durante años ha dedicado jornadas enteras a este caso encerrado en su despacho y entrevistándose con muchas familias. El letrado Fernando Magán no recordará esta experiencia como un caso más en su carrera judicial, sino como "una enorme implicación personal con el movimiento de la recuperación de la memoria". Hijo de un teniente republicano, Magán ya había abordado otros casos referidos a la represión franquista —pidiendo, por ejemplo, la devolución al Estado de documentos que estaban en manos de Serrano Suñer, 'el cuñadísimo' de Franco— pero este ha sido muy especial. Ahora, después de tanto trabajo, intentará recuperar un poco la normalidad "y disfrutar de la familia y del tiempo libre".

Sobre el auto, Magán no tiene nada más que palabras de admiración. "Es una obra de gran precisión, muy seria y meditada", comenta el letrado. "No sé si pasará como documento de referencia a la historia jurídica, pero estoy convencido que abre una línea fundamental de investigación, como ya se abrió en su día la de la Justicia Universal: Garzón ha dejado claro que el tiempo no exonera determinados delitos y no los deja impunes".