Las eléctricas pagarán 1.300 millones por derechos de emisión de CO₂

MADRID.-  Las compañías eléctricas sufrirán durante 2008 una detracción sobre su retribución de cerca de 1.300 millones de euros relacionada con la asignación de derechos de emisión de CO2, indicaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Industria.

ampliar foto

EP (EUROPA PRESS)

Las compañías eléctricas sufrirán durante 2008 una detracción sobre su retribución de cerca de 1.300 millones de euros relacionada con la asignación de derechos de emisión de CO2, indicaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Industria.

Esta detracción se aplica en virtud del Real Decreto promovido en diciembre del año pasado por el anterior ministro de Industria, Joan Clos, bajo el argumento de que la asignación gratuita de derechos de emisión a las eléctricas, contemplada en el Plan Nacional de Asignación 2008-2012, no hacía sino producir el efecto de subir los precios en el mercado eléctrico.

El departamento dirigido por Miguel Sebastián no ha dado visos de querer cambiar esta norma y las eléctricas han rebajado en los últimos meses su presión para que se modifique su contenido, a pesar de que, según indicaron fuentes de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) a Europa Press, la patronal del sector no ha renunciado a la batalla legal que abrió en Bruselas en contra de esta medida.

Esta minoración se convirtió en la anterior legislatura en una de las herramientas para reducir el déficit de tarifa --diferencia entre los costes y los ingresos del sistema eléctrico--, que este año ascenderá a 4.768 millones de euros, según las previsiones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Descontados los 1.300 millones del CO2, la deuda con las eléctricas pasaría a menos de 3.500 millones.

De los 3.046 millones de déficit de 2006, el descuento de los derechos de emisión permite reducirlo en 1.074 millones, mientras que en 2007 el desajuste de 1.223 millones del sistema eléctrico registra por este concepto una disminución de cerca de 100 millones.

El déficit de tarifa sigue siendo una de las principales preocupaciones del Ministerio de Industria, que ha situado el asunto entre los grandes retos de la actual legislatura. De hecho, la deuda tarifaria acumulada desde 2.000, sin descontar el CO2, rondará a finales de este año los 14.000 millones de euros.

REUNIÓN CON LAS ELÉCTRICAS

La consolidación del mecanismo para detraer los derechos de emisión a las eléctrica podría ser uno de los elementos que ponga sobre la mesa el Ministerio de Industria en la reunión que tiene programada para este jueves con las compañías.

No obstante, en el departamento que dirige Miguel Sebastián rehúsan dar detalles sobre las propuestas que se presentarán a las compañías. Hasta el momento, sus responsables han hecho especial énfasis en que la solución debe concernir a consumidores, empresas y Administración.

Esta postura ha sido interpretada como un adelanto de que se subirán las tarifas eléctricas para reducir el déficit. El propio secretario general de Energía, Pedro Marín, dijo que los usuarios deben conocer el precio real de la energía y ha vaticinado subidas en el recibo de la luz para 2009.

Por su parte, fuentes del sector eléctrico adelantan que las empresas acudirán al encuentro con Sebastián "con buena voluntad y en un clima de buen entendimiento". "No hay nada fijado e Industria no ha pedido nada, por lo que estamos esperando a conocer las propuestas que se nos hagan", señalan antes de decir que el criterio es "abierto y sin posicionamientos a priori".

En todo caso, las eléctricas ya han dado a entender que en el encuentro reiterarán algunas de sus reivindicaciones históricas. Entre ellas figura una subida de tarifas, el traslado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de algunas de las partidas de la tarifa eléctrica y un tipo impositivo más bajo.

Además, expresarán su preocupación por las dificultades para colocar entre los bancos la deuda tarifaria a través de las subastas de déficit 'ex ante' y se mostrarán dispuestas a reconocer la importancia de una tarifa de último recurso con fines sociales, así como el apoyo a los grandes consumidores de energía del G.4.