Demandan a una entidad pública panameña que dio una concesión al magnate Carlos Slim

Panamá.-  La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) de Panamá enfrenta una demanda en la Corte Suprema de Justicia por cancelar la concesión de una explotación hidroeléctrica que luego entregó a una compañía del magnate mexicano Carlos Slim, confirmaron hoy fuentes judiciales.

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(EFE)

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) de Panamá enfrenta una demanda en la Corte Suprema de Justicia por cancelar la concesión de una explotación hidroeléctrica que luego entregó a una compañía del magnate mexicano Carlos Slim.

Amparada en una nueva reglamentación, la Asep dispuso la disponibilidad del proyecto Bajo la Mina, concedido en 1997 a La Mina Hidro-Power, y en mayo de 2007 lo sometió a una subasta pública en la que resultó ganadora la compañía Ideal Panamá, S.A., conocida también como Cicsa-Ideal, una de las empresas de Slim.

Cicsa-Ideal pagó 31,7 millones de dólares por quedarse con la concesión y construir dos hidroeléctricas en Bajo la Mina y Baitún, en la provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica, para edificar una planta y generar entre 60 y 70 megavatios.

Según argumentó la Asep ante el Consejo Nacional de Transparencia Anticorrupción (CNTA), donde compareció voluntariamente tras conocerse la demanda en su contra, la empresa destituida, La Mina Hidro-Power, incumplió el contrato de concesión de generación hidroeléctrica, que estipulaba octubre de 2006 como plazo límite para iniciar las obras.

El portavoz de la Corte, Aurelio Martínez, explicó a Efe que el tribunal aceptó en trámite la demanda interpuesta ante la sala tercera, el pasado mes, por el abogado panameño de la empresa La Mina Hidro-Power, José Góndola, pidiendo la nulidad de la decisión de la Asep y una indemnización por los seis millones de dólares que se invirtieron en los estudios del proyecto.

El panameño César Lisac, directivo de La Mina Hidro-Power, interpuso también una denuncia por supuestos actos de corrupción contra su empresa ante el CNTA y no descarta llegar hasta instancias internacionales por "atropello de derechos humanos", señaló a la prensa local.

Un comunicado de la Asep argumentó esta semana en su defensa que la normativa vigente para evitar la especulación y ordenar el mercado energético la faculta para revisar el estado de cada uno de los proyectos dados en concesión, incluso antes del inicio de sus funciones, en 2004, y que aproximadamente 30 proyectos registrados no habían cumplido con las obligaciones contractuales establecidas, por lo que fueron cancelados.

Indicó que este fue el caso del proyecto Bajo la Mina, en la provincia de Chiriquí, cuya concesión fue solicitada en 1997 por la empresa La Mina Hidro-Power al antiguo Ente Regulador de los Servicios Públicos (hoy Asep), "que incumplió con la fecha de inicio de construcción de la obra".

Además, La Mina Hidro-Power había suscrito en octubre de 2005 un contrato de suministro de energía para iniciar el 1 de enero de 2008, "que tampoco podría ejecutar debido a su atraso en el inicio de construcción, poniendo en aprietos al sistema energético, principalmente para satisfacer la demanda", señaló el organismo.

Desde que inició la nueva administración, la ASEP señaló que se ha enfocado "en proteger los intereses del país ordenando el mercado para lograr de esta forma que se construyan más proyectos hidroeléctricos".

Actualmente existen 18 proyectos que han iniciado construcción para generación hidroeléctrica y otros cinco más de generación térmica en etapas avanzadas.