Bogotá.- La fiscalía colombiana acusó hoy por lavado de activos en concurso con otros delitos al empresario David Murcia Guzmán, fundador del emporio financiero DMG, deportado a este país tras ser detenido el miércoles en Panamá.
La acusación fue formalizada en una sala de audiencias de la sede central de la Fiscalía General en Bogotá, donde Murcia compareció en una primera diligencia ante fiscales de la unidad de lavado de activos de la entidad judicial y un juez penal.
La fiscalía precisó en un comunicado que le imputó al empresario cargos "por su presunta autoría en el delito de lavado de activos agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con captación masiva y habitual de dinero".
En la vista, la entidad judicial sostuvo que "no hay razones que justifiquen el incremento patrimonial de la empresa (DMG), creada en abril de 2005 con (un capital) de 100 millones de pesos (unos 42.695 dólares)".
En sólo nueve meses, esta comercializadora de productos y servicios mediante la entrega a sus clientes de tarjetas prepago manejó unos 2.696 millones de pesos (cerca de 1,15 millones de dólares), subrayó la fiscalía en un comunicado público.
La fuente indicó que el dinero era remitido, mayoritariamente, desde el Putumayo, departamento de la frontera sur con Ecuador y cuya capital, Mocoa, era el domicilio legal de DMG, que se había ampliado a muchas ciudades de Colombia y a países vecinos, como Ecuador y Panamá.
Los investigadores también concluyeron que "no se encuentra explicación sobre algunos préstamos" que Murcia y su esposa, Johanna Iveth León, hacían a la misma empresa y que "eran pagados el mismo día por la firma".
Entre ellos un crédito por 1.135 millones de pesos (484.591 dólares) y otro por 1.048 millones de pesos (447.444 dólares) que Murcia y León hicieron al emporio, respectivamente, precisó la fuente.
La entidad judicial recogió palabras de la fiscal del caso según las cuales "desde el mismo momento de la constitución de la empresa se inicia una práctica de lavado".
La fiscal explicó que "si se confronta la parte contable con los registros bancarios, no existe una igualdad en las cifras".
La empresa manejaba una doble contabilidad, según se deduce de comunicaciones telefónicas de Murcia con sus empleados y que fueron interceptadas por las autoridades judiciales, que el miércoles ordenaron la detención del fundador del emporio, su esposa, su madre y otras cuatro personas.
Tres de esas personas, incluido Murcia, han sido arrestadas dentro de esta investigación, cuyos primeros resultados llevaron al Gobierno del presidente Álvaro Uribe a intervenir el emporio y a declarar la emergencia social.
Las medidas fueron adoptadas el lunes pasado para afrontar la "perturbación social" causada por el derrumbe de varias "pirámides" (entidades ilegales de captación de dinero) y las sospechas sobre DMG.
La fiscalía reveló también que, en otra comunicación intervenida, Murcia le pide a uno de sus socios que asigne 670 millones de pesos (unos 286.058 dólares) para una campaña de cabildeo en el Congreso colombiano.
El empresario, de 28 años y que trabajó en el pasado como camarógrafo, buscaba que el Legislativo incluyera en una reforma financiera un artículo que "favoreciera el mecanismo de las tarjetas prepago para adquisición de bienes y servicios", explicó la fuente.
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