Madrid.- Los números 905 están obligados desde hoy a respetar el código de conducta que rige la prestación de servicios de tarificación adicional, y su incumplimiento llevará aparejado el cierre por parte de la Administración.
Los números 905 están obligados desde hoy a respetar el código de conducta que rige la prestación de servicios de tarificación adicional, y su incumplimiento llevará aparejado el cierre por parte de la Administración.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha aprobado una resolución que regula el uso de este prefijo, después de que numerosas organizaciones hayan denunciado el uso abusivo de estos teléfonos en concursos, con una tarifa que se sitúa en una media de 1,20 euros por minuto.
Al amparo de las nuevas medidas adoptadas por Industria, será obligatorio que en las llamadas a los 905 exista una locución que informe sobre su precio.
En las facturas telefónicas deberá separarse la parte que se paga por la llamada, de la que se abona por el servicio, de modo que el impago de esta última no conlleve el corte del servicio telefónico.
Igualmente, se prevé el cierre del número por la Administración, así como el derecho del usuario a no pagar la parte de la factura con la que no esté de acuerdo, sin que por ello se le corte el servicio telefónico.
Por otra parte, los usuarios tendrán derecho a solicitar a su operador la desconexión de estos números.
El prefijo 905 está atribuido a destinos con llamadas masivas y se utiliza habitualmente en sondeos y concursos en medios de comunicación.
En ellos, una parte del precio de la llamada corresponde al operador y otra se paga por la participación en el evento, lo que deriva en una tarificación adicional.
La resolución contiene una clasificación de los servicios prestados a través del número 905, y, en función de la cuarta cifra, los usuarios podrán obtener información acerca de sus prestaciones así como del coste.
Se establecen tres niveles de precios, que van desde 30 céntimos hasta 1,2 euros por llamada desde las redes fijas, al tiempo que se prohíbe la facturación por tiempo.
Estas obligaciones tienen por objeto proporcionar mayor transparencia en la prestación de estos servicios, así como garantizar la protección del usuario, de modo que tendrá una mayor información a través de la publicidad y las facturas.
La normativa aprobada en los últimos tres años ha logrado atajar la problemática que sufrieron los usuarios de estos servicios, de manera que actualmente las reclamaciones relacionadas con ellos son prácticamente nulas, alega este departamento en una nota de prensa.
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