El CGPJ dirá antes del 18-F si cree que los jueces tienen derecho de huelga

Madrid.-  El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá este jueves o el próximo lunes en un pleno extraordinario la legitimidad de los jueces para ejercer el derecho a la huelga y si corresponde a este órgano establecer los servicios mínimos.

Así lo ha anunciado la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, al término de una reunión mantenida con los representantes de las cuatro asociaciones judiciales para abordar las reformas legislativas que afectan a los jueces, y en la que según los intervinientes no se ha hablado de la huelga convocada para el 18 de febrero.

El orden del día para ese pleno extraordinario, según ha explicado la portavoz, se centrará en "si procede o no procede" la huelga y en si el CGPJ está legitimado o no "para configurar si concurren los requisitos legales para poder establecer los servicios mínimos", tal y como le han planteado las asambleas de jueces de Las Palmas y de Tarragona.

No obstante, a juicio de Bravo, "no es el momento para adoptar medidas tan drásticas" como una huelga cuando todavía se está en un contexto de negociación entre el Ministerio de Justicia, las asociaciones de jueces, el CGPJ, los decanos de los jueces y las Salas de Gobierno de los tribunales.

Sobre la posibilidad de sancionar a los jueces que finalmente decidieran ir a la huelga en caso de considerar el Consejo que no están legitimados para ello, Bravo ha dicho que es algo que todavía no se ha planteado porque "las decisiones las vamos a adoptar sobre cada caso en concreto".

Respecto a la posibilidad de que el Gobierno prohíba por ley a los jueces el derecho a la huelga, un asunto sobre el que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha admitido que está "reflexionando", Bravo ha dicho que respeta las decisiones del Ejecutivo y que, en todo caso, no corresponde al CGPJ valorar si es el momento oportuno "para hacer anuncios de reformas legislativas".

Al término del encuentro los portavoces de las asociaciones judiciales han calificado de positiva la reunión, aunque después ha quedado reflejada su división con respecto a la fecha de convocatoria de huelga, cuya legitimidad defienden todos.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD) se considera prematuro ir a la huelga el 18 de febrero cuando todavía se están negociando con el Ministerio las reivindicaciones que han dado lugar a ese diálogo.

No obstante, la portavoz de JpD, Alicia Millán, ha asegurado que su asociación defenderá a "cualquier compañero" que decida ejercer ese derecho, y respecto al anuncio del ministro de Justicia de prohibirlo ha manifestado que, "si lo tiene que prohibir, eso significa que cualquier juez tiene derecho" a ir a la huelga.

En cuanto a la posición adoptada por Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, Millán ha recordado que las cuatro asociaciones judiciales firmaron un acuerdo con determinadas medidas de presión que estas dos han roto "sin mediar explicaciones", y esa decisión "choca frontalmente" con la apuesta por el diálogo.

El portavoz de la APM José López, también ha mostrado su perplejidad por la ruptura de este acuerdo cuando, a su entender, se están cumpliendo los plazos del diálogo marcado con el Ministerio de Justicia, y en ese contexto de diálogo ha anunciado que su asociación está preparando una contrapropuesta a la del ministro.

Los portavoces de Francisco de Vitoria y el Foro Judicial han justificado por su parte su postura en la "falta de compromiso" por parte del ministro de Justicia en ofrecer una "propuesta razonable" para mejorar la situación de los jueces y unos plazos concretos para aumentar el número de plazas de magistrados.

Fernández Bermejo se reunirá mañana con las asociaciones de secretarios judiciales en un encuentro que puede resultar clave, ya que una de las exigencias de los jueces para atemperar sus protestas es la retirada del proyecto de ley que atribuye a los primeros la competencia para señalar las vistas y comparecencias judiciales.

Aunque los secretarios judiciales no habían reclamado esa función, ahora no ocultan su malestar, ya que consideran que los jueces han puesto "en tela de juicio" su capacidad, y han llamado a "no ceder" ante las reivindicaciones corporativas de la carrera judicial ni ante las movilizaciones anunciadas por sus miembros.