La Procuradora de Asturias ve indefinición en el modelo de tratamiento a los menores extranjeros

Oviedo.-  La Procuradora General del Principado de Asturias, María Antonia Fernández Felgueroso, ha advertido hoy de la "indefinición institucional" que existe en Asturias de un modelo concreto de intervención por parte del Gobierno regional hacia los menores extranjeros no acompañados.

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(EFE)

La procuradora general del Príncipado de Asturias, María Antonia Fernández Felgueroso. EFE/Archivo

Fernández Felgueroso ha presentado en la Junta General del Principado un informe monográfico sobre "La protección de los menores extranjeros no acompañados en Asturias".

Para la confección de este modelo de actuación, la Procuradora ha requerido al Gobierno regional la asunción de una planificación previa a las respectivas acciones protectoras en las que exista un análisis de la situación actual, de las demandas y de la posible evolución del fenómeno en la región.

También cree necesario un estudio de los recursos y medios disponibles y de las diferentes alternativas en las respuestas protectoras que, adecuadas a las especificidades y particularidades de estos menores, resulten viables.

Asimismo entiende que la definición de este modelo debe llevar la determinación de directrices y criterios de actuación generales y estables que eviten tanto la improvisación como la individualización en la toma de decisiones por los centros gestores o de alojamiento.

Fernández Felgueroso ha señalado que el objetivo de este informe es analizar la situación en centros de alojamiento de la red del Principado y el trato que reciben estos menores desde la "óptica de la defensa de sus derechos".

Ha abogado por la coordinación entre las consejerías implicadas en esta labor, Bienestar Social, Educación y Salud, y con los organismos de la administración del Estado.

Para la Procuradora, en el tratamiento a estos jóvenes ha de prevalecer su condición de menores sobre la de inmigrantes y ha pedido la adaptación del sistema a la "singularización" de la atención que se les dispensa y su integración en la sociedad teniendo en cuenta el principio de igualdad de oportunidades a la hora de atender sus "claras expectativas laborales".

El informe subraya la necesidad de que la administración asuma la tutela del menor "de forma inmediata" sin que se condicione a la investigación sobre su realidad y su núcleo de familia de origen, "evitando que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica una eventual privación o minoración de sus derechos".

Detecta la "frecuencia" con la que es superado el plazo de 45 días en las unidades de primera acogida hasta convertirlos en centros de alojamiento específico.

Indica que el sistema de centros de protección en Asturias funciona de "una manera abierta y no excluyente", y pide que en las medidas de protección se tenga en cuenta la edad del menor.

También cree necesario una formación adicional del personal que trata a los menores relacionada con sus características socioculturales y la adopción de programas de "inmersión lingüística" para paliar su "desconocimiento del idioma".

El informe señala que el perfil de estos menores es el de un joven varón de origen, en su mayoría, marroquí, entre 15 y 17 años, con un nivel de formación básico que en el mayoría de los casos vienen a España impulsados por familias con escasos recursos que les encomiendan a encontrar trabajo para contribuir a la economía doméstica.

Indica que se han investigado los quince centros de acogida de menores tanto públicos como concertados, así como la Unidad de Primera Acogida y el Centro Casa Juvenil de Sograndio a fin de analizar la posible interrelación entre el sistema de protección y el régimen de responsabilidad penal en el caso de estos menores.

El informe destaca el crecimiento que se produce en 2006 con 101 ingresos, mientras que en 2007 se produjo un descenso hasta llegar a los 85 menores alojados.

Fernández Felgueroso ha señalado que la migración de menores a Europa es un "fenómeno consolidado ante el que, por el momento, no existen propuestas que logren limitar su llegada" y que la Unión Europea ha dado "un tratamiento normativo aún insuficiente".

Por último, la Procuradora ha pedido a las administraciones implicadas que adopten medidas tendentes a "sensibilizar a la sociedad sobre la condición de menores de estos adolescentes y los derechos que como tales les corresponde".