La Junta de Castilla y León creará una entidad pública para tutelar a incapacitados legalmente

Valladolid.-  La Junta de Castilla y León creará una entidad pública para ejercer la tutela de las personas mayores de edad que estén incapacitadas legalmente y en situación de desamparo en los supuestos encomendados a la Administración y previa encomienda de los jueces.

ampliar foto

(EFE)

La procuradora del PP Ángeles Armisén. EFE/Archivo

La procuradora del PP Ángeles Armisén lo ha dado por hecho al comprobar que hoy las Cortes de Castilla y León han aprobado, con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios, una proposición no de ley en la que se insta a la Administración autonómica a crear esta entidad.

Armisén ha asegurado que la evolución en los últimos años del número de personas que precisan de esta tutela legal y la complejidad de los casos han motivado la iniciativa, que se concretará en el presente ejercicio, según la propuesta del PP.

Por su parte, la procuradora socialista Inmaculada Larrauri ha denunciado el retraso de la Junta de Castilla y León para desarrollar esta necesaria estructura pública, ya que su inexistencia ha provocado que surjan entidades privadas que ejerzan esta labor para beneficiar a las personas que tienen suspendida su capacidad legal.

Larrauri ha recordado que, desde 1997, cuando los socialistas iniciaron la demanda de esta entidad pública, la mayoría parlamentaria del Grupo Popular ha rechazado de forma sistemática la creación de esta entidad pública.

"Quien ha pagado el pato de su retraso son las personas más indefensas", ha remarcado la procuradora socialista.

Armisén ha contestado que las iniciativas socialistas de años pasados "ni eran viables, ni eran necesarias", porque la normativa estatal no permitía a las administraciones autonómicas asumir esta tutela y el número de beneficiarios era demasiado pequeño como para que la Junta ejerciera esta función.

Actualmente en Castilla y León estas funciones las realizan tres entidades privadas: la Fundación Tutelar de Personas con Discapacidad Intelectual, la Fundación Tutelar FECLEM y la Fundación Castellanoleonesa para la Tutela de Personas Mayores FUNDAMAY, que gestionan en conjunto 735 cargos tutelares.

En la sesión de hoy, el pleno de las Cortes también ha dado luz verde a la demanda al Gobierno de España para que impulse la candidatura del Románico Norte de Palencia y Burgos en la lista de Patrimonio Europeo, con el apoyo del PSOE a esta iniciativa del PP.

El Románico Norte de estas dos provincias está integrado por 54 templos y su catalogación europea necesitará de la suscripción de un convenio de colaboración con el Gobierno de Cantabria, al estar vinculadas ambas zonas geográfica y artísticamente.

El procurador popular Luis Domingo González ha ensalzado el valor artístico de una de las áreas románicas más importantes de entre las existentes en Europa y ha recordado que esta propuesta del PP está acompañada de un plan de inversiones hasta 2012 por importe de 10 millones de euros para mejorar el estado de templos, con la intervención en 42 iglesias y de los que 1,4 millones se invertirán en 2009 en 26 actuaciones.

Sin embargo, el procurador socialista Francisco Ramos se ha preguntado si lo que pretende la Junta es que se catalogue el románico de la Comunidad "por fascículos o en una sola entrega" y ha agregado que otras zonas como Zamora, Soria y León podrían plantearse "cuándo les toca lo suyo".

La última de las tres iniciativas que se han aprobado, todas ellas a iniciativa del grupo mayoritario del PP, es la demanda al Gobierno central de un instrumento de cooperación que mejore la autonomía de la Junta a la hora de gestionar el Fondo Estatal dedicado a la integración de inmigrantes.

La procuradora popular Paloma Sanz ha puntualizado en su intervención ante el pleno de las Cortes que los fondos transferidos a Castilla y León para la atención de los inmigrantes no son "gracias" sino que son "debidos y corresponden por derecho a la Comunidad Autónoma".

En nombre del Grupo Socialista ha intervenido la procuradora María Sirina Martín, quien ha asegurado que lo que preocupa a la Junta de Castilla y León es que con el actual modelo de funcionamiento del Fondo Estatal para inmigración "hay que rendir cuentas" de los proyectos ejecutados.