Bogotá.- Las autoridades colombianas intervinieron varias explotaciones ilegales de oro en el departamento del Chocó (noroeste) y decomisaron 24 grandes dragas que contaminaban el ambiente, reveló hoy el Gobierno.
El ministro de Minas y Energía de Colombia, Hernán Martínez, informó a periodistas de la incautación de las dragas en el marco de la primera investigación judicial por contaminación ambiental en el país. EFE/Archivo
El ministro de Minas y Energía de Colombia, Hernán Martínez, y el fiscal general, Mario Iguarán, entre otros altos cargos, informaron a periodistas de la incautación de las dragas en el marco de la primera investigación judicial por contaminación ambiental en el país.
Las fuentes explicaron que las diligencias judiciales fueron ejecutadas en varios puntos sobre la ribera del río Quito, en jurisdicción de las cabeceras municipales de Paimadó y Manugrú.
En varios parajes ribereños funcionaban las dragas sin los permisos ambientales ni los títulos mineros necesarios.
Agentes, fiscales y distintos funcionarios llegaron a los lugares de las explotaciones ilegales después de una investigación de seis meses.
Esa investigación fue promovida por el Ministerio de Minas y Energía y el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), con apoyo de la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de Medio Ambiente, la Policía, la Fuerza Aérea y el Ejército, señaló el fiscal Iguarán.
Peritos de la Fiscalía se desplazaron a la región del Chocó y establecieron, tras tomar muestras al río Quito, que las personas que habitan en las zonas donde funcionan las dragas "están expuestas a enfermedades por contaminación de las aguas".
También concluyeron que "la región sufre una grave contaminación ambiental indiscriminada y una destrucción progresiva y masiva de su flora y fauna".
Por todo ello, Iguarán señaló a periodistas que este proceso marca una importante ofensiva en la lucha "contra aquellos que atentan contra la salud individual, pública y contaminan el ambiente, afectando la flora, la fauna y los recursos hidrobiológicos, entre otros".
El ministro Martínez, por su parte, indicó que se propone "acabar con la minería ilegal" en el país para evitar el deterioro de los recursos, la explotación irracional y la irresponsabilidad por contaminación ambiental.
Cifras de su despacho establecen que cada año 400 hectáreas de bosque son taladas para el desarrollo de la minería ilegal.
Al menos 3,7 toneladas de mercurio son vertidas en suelos y ríos colombianos, lo que afecta a la salud y el medio ambiente, y unas 250.000 toneladas de sedimento surgen del proceso erosivo de esa explotación ilegal.
En las operaciones no se registraron detenciones, pero se investiga quiénes son los propietarios y quiénes alquilaron las dragas en esa región.
No se precisó la cantidad de oro que se extrae anualmente en esa zona, una de las más pobres de Colombia.
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