Las subcontratas podrán agilizar sus cobros con nuevas medidas del Gobierno cántabro

Santander.-  El Gobierno de Cantabria va a aprobar mañana dos medidas que permitirán que las empresas subcontratadas en proyectos de la administración cobren directamente y en plazo sus trabajos, sin tener que esperar a que la adjudicataria de la obra pública se los abone.

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(EFE)

El Gobierno de Cantabria va a aprobar mañana dos medidas que permitirán que las empresas subcontratadas en proyectos de la administración cobren directamente y en plazo sus trabajos, sin tener que esperar a que la adjudicataria de la obra pública se los abone. EFE/Archivo

Los consejeros de Economía, Ángel Agudo, y de Presidencia, Vicente Mediavilla, han presentado, junto a la interventora general, Gema Uriarte, estas nuevas medidas, que son "pioneras" en España y que se incluyen en las iniciativas del Ejecutivo cántabro para ayudar a que las empresas hagan frente a la crisis económica.

Una de las medidas, que afecta a las contratas, eximirá a estas empresas de tener que pagar la fianza provisional, que supone el tres por ciento de una actuación, y que deben presentar en el momento de ofertar a un contrato del Gobierno cántabro.

Así, las contratas no tendrán que asumir este coste inicial, aunque sí deberán presentar la fianza definitiva, que se tiene que pagar una vez adjudicada la obra y que supone un 5 por ciento del coste de la misma, ha recordado Mediavilla, quien ha señalado que esta garantía debe seguir exigiéndose porque lo obliga la Ley de Contratos.

La segunda medida, que aprobará mañana el Consejo de Gobierno, supone incluir como criterio de valoración en una oferta que las contratas precisen en qué momento de la obra van a utilizar a una subcontrata y cuál será el coste del trabajo que van a realizar.

Mediavilla ha explicado que el Gobierno cántabro conocerá así qué tipo de empresas han sido subcontratadas, lo que supondrá "fortalecer" la posición de estas subcontratas y que puedan cobrar sus trabajos en plazo.

Al ser conocidas estas subcontratas, el Gobierno podrá recibir directamente de estas empresas la certificación de obra, para que accedan al crédito de pago de sus trabajos (a través del trámite de toma de razón) sin tener que contar con la empresa que las contrató.

Tanto Agudo como Mediavilla han señalado que estas medidas intentan dar respuesta a una demanda, trasmitida al Gobierno por la CEOE-CEPYME, del retraso en el cobro de las obras por parte de las subcontratas, cuando, han recordado, deberían percibir su dinero en el mismo plazo que las contratas lo reciben de la administración, es decir, en un máximo de 60 días después finalizados los trabajos.

A estas dos medidas, se suma una tercera, ya aprobada por el Gobierno cántabro, que exige un compromiso de eficiencia y solvencia de esas subcontratas por parte de la empresa que requiere sus servicios, que también debe garantizar que abonarán los trabajos en plazo, ha explicado la interventora general.

Carmen Uriarte ha dicho que con esta decisión del Gobierno se "fortalece la eficacia" de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, ya que en el caso de que la contrata no cumpla los requisitos de información de las empresas que subcontrata, el interventor podrá emitir un informe desfavorable y, por lo tanto, paralizar "la continuación del expediente".

"Afianzamos la posición de los subcontratistas, que son un actor principal a la hora de la ejecución de las obras públicas", ha insistido Mediavilla, quien ha recordado que, en el caso de la Consejería de Obras Públicas, hasta un 90 por ciento sus obras son subcontratadas.

Y la Ley de Contratos, añade Mediavilla, permite además que en el caso de que no se fije el porcentaje para subcontratar, las empresas puedan recurrir a otras hasta en un 60 por ciento de los trabajos.

El consejero de Presidencia ha afirmado que este tipo de medidas "son la antesala" del Plan de Reducción de Cargas Administrativas, que va a presentar el Ejecutivo próximamente y que permitirá un ahorro "considerable" de los gastos financieros que tienen que asumir las empresas a consecuencia de sus trámites con la administración.

Agudo ha asegurado que estas medidas son "innovadoras" porque, hasta ahora, no se han puesto en marcha en ninguna comunidad autónoma y ha insistido en su "importancia" para que el dinero llegue "a quien hace la obra", los subcontratistas.

El consejero de Economía y Hacienda ha defendido la necesidad de las medidas aplicadas por el Gobierno cántabro para hacer frente a la crisis económica y, en el caso de la toma de razón, ha calificado de "éxito importante" su desarrollo desde su puesta en marcha a finales de 2008.

Ángel Agudo ha explicado que en estos meses se han realizado más de 2.500 trámites de toma de razón por parte de la Administración regional, que han supuesto la movilización de cerca de 91 millones de euros.

Y ha insistido en que sin este procedimiento no se habría destinado esa cantidad a las empresas, que ahora, ha recordado, disponen de liquidez inmediata para asumir sus obras, a pesar de la crisis.