Caracas.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró hoy improcedentes dos recursos presentados por la cadena opositora Globovisión, acusada por el Gobierno del presidente Hugo Chávez de "terrorismo mediático".
El jueves pasado, el Supremo venezolano ratificó la legalidad de una multa de 270.697 dólares impuesta a Globovisión en 2003 por la Conatel por presuntamente operar frecuencias no autorizadas. En la foto el presidente de la emisora Globovisión, Guillermo Zuloaga, el pasado 4 de junio. EFE/Archivo
El Supremo ratificó este miércoles su decisión de noviembre de 2006 de declarar "sin lugar" un recurso interpuesto por la cadena privada de noticias contra una medida de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que le prohibió el uso de dos frecuencias radioeléctricas para transmitir en dos estados del país.
Globovisión emite en señal abierta de televisión solo en las ciudades de Caracas y Valencia, de acuerdo a datos de la empresa, mientras que llega al resto del país a través de sistemas de cable y satélite por suscripción.
La máxima corte también declaró "improcedente" una medida cautelar solicitada por Globovisión contra unas órdenes del Ministerio de Comunicación para que se transmitieran varios "mensajes institucionales" que la cadena consideró "propaganda política".
El jueves pasado, el Supremo venezolano ratificó la legalidad de una multa de 270.697 dólares impuesta a Globovisión en 2003 por la Conatel por presuntamente operar frecuencias no autorizadas.
A esa multa se sumó otra, también apelada por la cadena, de 2,35 millones de dólares, que fue ratificada el viernes pasado por la oficina tributaria Seniat por concepto de "impuestos no pagados" correspondientes a 2002-2003.
Representantes de Globovisión, entre ellos la abogada Ana Cristina Núñez, han sostenido que la cadena es "objeto de presiones tributarias y judiciales" debido a su posición muy crítica hacia el Gobierno.
Globovisión enfrenta tres expedientes administrativos abiertos en los últimos seis meses por la Conatel, que podrían derivar en su cierre temporal (72 horas) o total.
El mandatario venezolano niega que persiga a los medios opositores y sostiene que solo exige que se aplique la ley a las televisiones y rotativos que, asevera, violan las leyes e incluso promueven su asesinato.
A finales de mayo pasado Chávez pidió a los poderes públicos actuar pronto contra los medios que supuestamente promueven el "magnicidio" o, de lo contrario, se vería obligado a hacerlo él mismo.
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