Aprobadas la LUA y la LOTA, con divergencias en proyectos de interés general

Zaragoza.-  El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado hoy las leyes de Urbanismo (LUA) y de Ordenación del Territorio de Aragón (LOTA) sin el consenso de los grupos de la oposición, que discrepan de la regulación de los proyectos de interés general y de la figura del agente urbanizador.

La LUA, que comenzó su andadura en las Cortes con dos enmiendas a la totalidad pidiendo su devolución presentadas por el PP e IU, que fueron rechazadas, y su visto bueno por la ponencia tras incorporar 92 de las 553 enmiendas presentadas, ha sido aprobada por el Pleno con las críticas de PP, CHA e IU, que han mantenido 426 enmiendas y 25 votos particulares porque la consideran desfasada y porque con ella el Gobierno interfiere en la autonomía local.

El coordinador de la ponencia, Ricardo Berdié (PSOE), ha defendido la bondad de la ley porque impulsa la autonomía municipal y el control sobre el urbanismo, que no son contradictorios, y en contraposición del "humo" que a su juicio vende la oposición, la norma introduce importantes novedades, como la figura del agente urbanizador, encaminada a evitar la retención de suelos y la especulación, o los proyectos de interés general.

También ha criticado que la oposición pretenda "tergiversar" el sentido del consenso, porque únicamente en 29 de los 290 artículos de la LUA los grupos que sustentan al Gobierno, PSOE y PAR, han votado solos, y 127 artículos y 25 disposiciones han salido adelante por unanimidad.

Sin embargo, el diputado del PP Pedro Navarro ha asegurado que el proyecto es "innecesario", "desfasado" y sin "consenso alguno", no atiende a la realidad de 2009 y constituye el "último intento del Gobierno para lavar su imagen ante el nulo control de los excesos urbanísticos en el entorno de Zaragoza".

Con esta Ley, para Navarro, el Gobierno se convierte en el "verdadero alcalde de Aragón" al concentrar la toma de decisiones para "minar hasta el infinito" la autonomía municipal, con su máximo exponente en los proyectos de interés general, e introduce además el peor sistema de gestión posible, con la figura del agente urbanizador, porque "pisotea" los intereses de los propietarios minoritarios.

El diputado de CHA Bizén Fuster ha denunciado que la Ley nace "desfasada" y sin consenso y no transmite a la ciudadanía un mensaje claro de que el Parlamento es capaz de dar respuesta a situaciones de corrupción como el de La Muela.

Toda la Ley, para CHA, "rezuma un reglamentismo difícil de entender y de aplicar" y el Gobierno, con ella, se erige en "juez y garante" del interés general, que hará posibles proyectos con los que se convertirá en un "peligro público", como la ampliación de Cerler.

Además, ha criticado que el Gobierno "presuma" de su confianza en los ayuntamientos cuando en esta Ley se arroga sus competencias con los proyectos de interés general y "se pasa por el forro" el principio de autonomía local.

El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha defendido acabar con el "urbanismo a la carta" y los proyectos de interés general, para que esta actividad deje de ser "negocio" y evitar casos de corrupción como el de La Muela y ha matizado que rechaza la ley por motivos diferentes al PP y que tiene como avance que incorpora las modificaciones de la Ley estatal del Suelo.

Barrena se ha preguntado si es "justo" que con plusvalías se paguen los "caprichos" urbanísticos de los gobernantes y ha opinado que la ley es el "caldo de cultivo" para proyectos "grandilocuentes", como la ampliación de Cerler o Expo Paisajes, y legaliza el "urbanismo a la carta" para hacer posible proyectos de "dudosa solvencia", como Gran Scala.

Miguel Ferrer, del PAR, ha dicho que es "falso" que disminuya la autonomía local, ha enfatizado que trata de solucionar la dispersión normativa existente y que los proyectos de interés general precisamente garantizan el derecho a participar de los municipios afectados, también en la gestión y en las plusvalías que se puedan generar.

En cuanto a la LOTA, cuya devolución pidieron al inicio de su tramitación CHA e IU y a la que la oposición ha mantenido cerca de un centenar de enmiendas, la diputada del PP Yolanda Vallés ha rechazado que la ordenación del territorio no parta de lo "global" para pasar a lo "particular", porque los proyectos de interés general pueden modificar su principal instrumento, la estrategia territorial, con lo que "pueden ser la base de una ordenación a la carta".

Bizén Fuster (CHA) ha sido especialmente crítico con la construcción de la ordenación del territorio por el Gobierno "a golpe de decretazo" y con el "continuo estado de provisionalidad" en el que en su opinión queda la ordenación territorial, en función de la aprobación de los proyectos de interés general, que van a prevalecer por encima de la propia estrategia.

Adolfo Barrena (IU) ha afirmado que la LOTA es la ley de "la no ordenación del territorio", porque la norma establece los mecanismos para "saltarse a la torera" la estrategia, en cuyas modificaciones se "menosprecia" a la Cámara, porque no será necesario que sean aprobadas las "alteraciones" que generen los proyectos de interés general, que pueden provenir de la iniciativa privada.

El coordinador de la ponencia, Javier Allué (PAR), ha negado que haya intención de "ocultar" a la Cámara la estrategia, porque por ley se va a determinar un procedimiento "muy riguroso" para su elaboración y su revisión por las Cortes, al tiempo que ha hecho hincapié en que hasta que no se apruebe están en vigor las directrices generales de ordenación del territorio.

Manuel Lana, del PSOE, ha dicho que se ajusta a la exigencias medioambientales de la Unión Europea y con ella se espera alcanzar el equilibrio y la vertebración territorial.