La Fiscalía de Ecuador asegura que el allanamiento en una sede de la Policía siguió debido proceso

Quito.-  La Fiscalía de Ecuador aseguró hoy que el allanamiento que realizó ayer a las oficinas de la unidad de Inteligencia de la Policía Judicial, como parte de la investigación sobre una supuesta operación de espionaje contra jueces y fiscales, siguió las normas del "debido proceso".

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(EFE)

Sin embargo, en esa reunión, según Alvear y otras autoridades, no se ordenó ninguna operación especial de investigación contra los jueces, aunque, al parecer, el general Sosa lo hizo por decisión propia. EFE/Archivo

En un comunicado, la Fiscalía aclaró que el fiscal encargado del caso, Santiago Trujillo, actuó bajo la autorización del juez décimo tercero de lo Penal, quien "debía avisar a los funcionarios respectivos haciéndoles conocer la necesidad del allanamiento".

El comandante general de la Policía ecuatoriana, Freddy Martínez, que hoy tomó posesión del cargo oficialmente, aseguró ayer en una rueda de prensa, que su institución no se opone a las acciones que pueda emprender la Fiscalía, pero dijo que, en este caso, le "indigna, que no se respeten los derechos de los policías".

En el allanamiento al Departamento de Inteligencia y Análisis Delincuencial (DIAD) de la Policía, según fuentes policiales, los fiscales se incautaron de varios equipos utilizados por esa unidad para sus investigaciones, entre ellos los respaldos de un ordenador.

La medida se da después de que los medios difundieran una carta del ex general Juan Sosa, separado recientemente de la Institución, por otras causas, en la que pide a unidades policiales investigar a ciertos jueces y fiscales, sobre los cuales se habían denunciado supuestos hechos de corrupción.

A principios de junio, Alfredo Alvear, fiscal subrogante de la Nación, recordó que en una reunión de coordinación, efectuada el pasado 8 de mayo, a la que acudieron autoridades del Gobierno, la Corte Nacional de Justicia y la Policía, se mencionaron supuestos actos de corrupción de jueces en algunas provincias.

Sin embargo, en esa reunión, según Alvear y otras autoridades, no se ordenó ninguna operación especial de investigación contra los jueces, aunque, al parecer, el general Sosa lo hizo por decisión propia.

Alvear señaló entonces que la Fiscalía investigaría el caso, centrada en la decisión de Sosa de ordenar indagar a los magistrados sin la autorización debida.

Respecto al caso, la Fiscalía rechazó en su comunicado las declaraciones del Comandante General sobre que el allanamiento se hizo de forma aparentemente irregular y califica como "verdaderamente indignante" la disposición de realizar "contrainteligencia" de las actividades de los fiscales y jueces.

"La Fiscalía enmarca sus acciones en la ley y respeta a la Policía Nacional, pero ninguna institución pública o privada puede actuar al margen de las normas legales y constitucionales vigentes". agregó.

"Los derechos de los policías no están sobre los derechos ciudadanos y nadie puede ejercer espionaje violando expresas disposiciones constitucionales", recordó la institución judicial.

"La Fiscalía, con estricto apego a la ley, continuará con las investigaciones que ha iniciado hasta aclarar el contenido del memorándum que emitió el General Sosa, el por qué de la contrainteligencia, quién la ordenó, qué se pretende con eso y cuáles fueron los resultados que se han obtenido", concluyó.