São Domingos do Araguaia (Brasil).- La Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia brasileño aprobó hoy el pago de indemnizaciones a 44 campesinos que sufrieron persecuciones y torturas durante la última dictadura militar (1964-1985).
El ministro de Justicia señaló, por su parte, que el Gobierno espera cerrar el capítulo de la amnistía del Araguaia antes de fin de año. EFE/Archivo
El valor de las indemnizaciones varía entre 80.352 y 142.941 reales (entre 40.787 y 72.558 dólares), según los miembros de la Comisión, que escuchó los testimonios de campesinos que dijeron haber sido víctimas de la campaña del Ejército contra un incipiente movimiento guerrillero en la zona del Araguaia, en el estado amazónico de Pará.
Los casos fueron aprobados en una audiencia pública que se llevó a cabo en la plaza de este municipio de unos 18.000 habitantes situado en el sureste de Pará, región en la que, a inicios de los 70, intentó conformarse un movimiento guerrillero contra el régimen.
Dicho movimiento estaba vinculado al entonces proscrito Partido Comunista do Brasil (PCdoB) y pretendía constituir un foco rural para combatir al régimen.
Sin embargo, fue aniquilado antes de trabar un solo combate, una vez que el Ejército descubrió que la guerrilla estaba en proceso de formación.
En la audiencia de hoy, en la que estuvieron presentes el ministro brasileño de Justicia, Tarso Genro, y unos mil habitantes del municipio, se examinaron 91 casos.
De ese total, 40 fueron rechazados por falta de pruebas y siete seguirán abiertos porque la Comisión de Amnistía va a contrastar algunas declaraciones.
Entre los 44 casos aprobados para indemnización está el de Porfirio Vaz de Azevedo, un anciano de 78 años que estuvo preso y bajo torturas durante cuatro meses en 1973 todo porque, dice, gente de la guerrilla alguna vez fue a tomar agua en su rancho.
A consecuencia de las torturas, que le rompieron varias costillas que nunca fueron tratadas por médicos, el campesino no pudo volver a trabajar y camina mal.
Azevedo recibirá una indemnización de 105.756 reales (unos 53.683 dólares), un dinero que, asegura, le será de gran utilidad para él y su familia.
"Claro que ayuda (la indemnización) porque soy muy pobre, pero eso no compensa el dolor ni lo que sufrieron mis cuatro hijos cuando tuve que dejar de trabajar", dijo el campesino a Efe.
El ministro de Justicia señaló, por su parte, que el Gobierno espera cerrar el capítulo de la amnistía del Araguaia antes de fin de año.
Según Genro, se trata de un proceso de investigación "muy complejo" por lo difícil que es encontrar pruebas documentales de las denuncias de torturas.
En relación a los 40 casos que fueron rechazados, el ministro dijo: "no identificamos fraudes, simplemente falta de pruebas".
Los sucesos de la región del río Araguaia, según el propio Gobierno, son una de las heridas dejadas por los 21 años que duró la dictadura, que la democracia aún no logrado cerrar.
Pese a que las cifras no están claras, se cree que el movimiento estaba conformado por cerca de 80 guerrilleros, de los cuales unos pocos salieron vivos, entre ellos el actual diputado José Genoino, ex presidente del Partido de los Trabajadores (PT), hoy en el Gobierno.
El resto de los militantes, de acuerdo con organismos de derechos humanos, fue en su mayoría capturado, asesinado y enterrado en la selva, y sus cuerpos nunca fueron localizados.
De los campesinos que vivían en la región, 271 han denunciado que no tenían filiación política alguna, pero aun así fueron perseguidos y torturados por militares que intentaban obtener información sobre los rebeldes.
El caso de la guerrilla de Araguaia fue denunciado por grupos humanitarios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recibirá posteriormente el resultado de los procesos celebrados en São Domingos do Araguaia.
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