Valencia.- El sindicato CCOO-PV ha anunciado hoy que interpondrá una querella por prevaricación contra el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, por un incumplimiento intencionado de las sentencias que reconocen la titulación de Filología catalana como eximente de la prueba de valenciano en las oposiciones de maestros.
El sindicato CCOO-PV ha anunciado hoy que interpondrá una querella por prevaricación contra el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, por un incumplimiento intencionado de las sentencias que reconocen la titulación de Filología catalana como eximente de la prueba de valenciano en las oposiciones de maestros. EFE/Archivo
Así lo indica en un comunicado en el que informa de una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que estima el recurso de CCOO contra las ordenes de abril de 2007 de la Conselleria de Educación por la se convocaron las oposiciones a los diferentes cuerpos públicos docentes.
Los argumentos de esta nueva resolución son "reiterados" de otras sentencias -algunas incluso del Supremo-, y determinan que hay "campos del saber caracterizados por la homogeneidad de su objeto de conocimiento, una común tradición histórica y la existencia de comunidades de investigadores, nacionales o internacionales".
Asimismo, según CCOO, la sentencia dice que "debe concluirse que no existe razón jurídica alguna que permita sostener que la titulación en Filología Catalana no constituya titulación suficiente, en las mismas condiciones" que las de valenciano.
La Filología Catalana "avala sobradamente" el conocimiento de la lengua valenciana, precisa el fallo, según CCOO.
El sindicato destaca el fundamento quinto de la resolución que, además de imponer las costas económicas del proceso a la Administración autonómica, le "imputa una conducta de desobediencia" que atribuye al conseller, firmante de la orden recurrida.
Font de Mora ha incurrido en una falta reiterada en "su obligación de respetar y cumplir las sentencias firmes", y por ello CCOO ha decidido interponer una querella contra el por prevaricación.
Además, exigirá al president de la Generalitat, Francisco Camps, que cargue el coste del procedimiento -superior a los 2.000 euros- al conseller, "para que haga frente al mismo con recursos propios y personales, según el artículo 145 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las administraciones públicas.
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