Bogotá.- Pese a la condena unánime de los Gobiernos americanos al golpe de Estado del pasado 28 de junio en Honduras, la mayoría de países de la región respalda esa decisión solo con acciones de carácter diplomático y en raros casos incluyen medidas económicas, comerciales o de otro tipo.
En la imagen, el presidente en ejercicio de Honduras, Roberto Micheletti. EFE/Archivo
Dentro de este panorama, una de las naciones que se ha mostrado más enérgica con la administración de Roberto Micheletti, quien por decisión del Congreso sustituyó a Manuel Zelaya luego de que este fue detenido y expulsado por los militares hondureños, es Estados Unidos.
Por un lado, el Departamento de Estado notificó al anterior embajador de Honduras, el 'michelettista' Roberto Flores, que no lo reconoce como representante legítimo de su país ante la Casa Blanca, lo que sí hace con Enrique Reina, designado recientemente por Zelaya al frente de la legación en Washington.
En cuanto a su jefe diplomático en Tegucigalpa, Hugo Llorens, este ha sido muy activo a la hora de tratar de buscar con las partes una solución al conflicto desatado en Honduras e incluso se reunió hace poco en Managua con Zelaya, lo que le valió ser acusado de "intromisión" por Micheletti.
El mandatario hondureño, además, dijo el sábado pasado que "ojalá y no vuelva" Llorens, luego de enterarse de que el diplomático había salido del país por "un viaje personal".
También EE.UU. revisa los visados diplomáticos de miembros del Gobierno de facto de Honduras y los de sus familias y a finales de julio revocó los de cuatro altos funcionarios, incluyendo al ministro de Defensa y al titular del Parlamento.
Washington suspendió, asimismo, la actividad de sus 600 soldados en la base militar de Soto Cano (Honduras) a raíz del golpe y la ayuda que beneficia directamente al régimen de Micheletti, incluida la asistencia militar.
Pese a todo esto, Micheletti dijo en una entrevista que publicó hoy el diario local La Prensa que confía en que EE.UU. "no va a permitir que este pueblo esté en circunstancias drásticas".
Sin embargo, la relación más difícil es con Venezuela, cuyo presidente, Hugo Chávez, promovió desde un principio el retorno de Zelaya, anunció que desconocerá el mandatario que resulte electo bajo este Gobierno, retiró a su embajador y suspendió el envío de crudo a ese país en el marco de Petrocaribe (20.000 barriles diarios).
Ante esto, Micheletti rompió relaciones con Caracas a finales de julio y anunció la expulsión de los diplomáticos venezolanos de Tegucigalpa, una orden que fue rechazada por Venezuela al considerar que provenía de una autoridad "ilegítima".
Desde entonces, solo permanecen en la embajada en la capital hondureña el primer secretario de la legación venezolana, Ariel Vargas, y otro diplomático.
Argentina es otro de esos contados casos que van más allá de la diplomacia y, además de haber pedido el jueves pasado el cese de funciones de la embajadora hondureña en Buenos Aires "por apoyar al Gobierno de facto", cortó toda cooperación militar bilateral.
Frente a la decisión de la Administración de Cristina Fernández de canalizar la relación diplomática a través de la embajada hondureña en EE.UU., Honduras respondió hoy que hará lo mismo vía la legación argentina en Israel y pidió la salida de los diplomáticos.
El vecino Brasil, que retiró a su embajador en Tegucigalpa, suspendió los programas de cooperación que tenía con Honduras, que estaban centrados sobre todo en el área de energía y apuntaban a la producción de etanol de caña de azúcar.
También dejó en suspenso un acuerdo de cooperación militar que databa de 1995 y un análisis para la posible financiación de un proyecto de infraestructuras por valor de 320 millones de dólares.
México, que ha apoyado a Zelaya (a quien incluso recibió hace dos semanas con honores de Estado), también respaldó a la embajadora nombrada por el destituido mandatario, Rosalinda Bueso, cuando en julio la diplomática denunció que el primer secretario de la legación, Rigoberto López Orellana, le impidió entrar a su oficina.
Enseguida la reconoció como la única cabeza de la representación diplomática y la Policía de la capital mexicana evitó al día siguiente que López entrara al edificio.
En cuanto a los vecinos centroamericanos de Honduras, todos, con excepción de Panamá, retiraron a sus embajadores y cerraron las fronteras terrestres durante 48 horas tras el golpe de Estado.
Además, han desconocido a los embajadores hondureños de corte 'michelettista', tal como anunció hoy Costa Rica a pedido de Zelaya, o, en su defecto, reconocido a los 'zelayistas', como Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
Situación similar viven Colombia, Ecuador y Chile, con los llamados a consultas o retiros de sus embajadores en Tegucigalpa.
Las excepciones a estas medidas diplomáticas se dan en Perú y Cuba, cuyos representantes siguen en Honduras, y Uruguay, que aunque condenó el golpe no ha tomado represalias de ningún tipo contra el Gobierno de Micheletti.
En el caso cubano, el mayor momento de tensión se vivió con el retiro temporal de 143 cooperantes cubanos que trabajaban en Honduras, en su mayoría maestros, debido a "obstáculos" para realizar su labor en medio de la crisis política de ese país, según denunció La Habana.
Casos particulares son los de Bolivia y Paraguay, que no tienen embajadas en Tegucigalpa ni representación diplomática hondureña en sus países, por lo que las relaciones bilaterales se manejan a través de las legaciones en terceras naciones.
Por último, en República Dominicana, la Administración de Zelaya abrió una investigación después de que la embajadora en ese país, Nery Magaly Funez, no recibió al gobernante destituido durante su visita a Santo Domingo el pasado 10 de julio.
Hasta ahora la embajada de Honduras en la nación caribeña no ha confirmado cuál es la situación actual que se vive a su interior.
Aunque estas posiciones demuestran que América, al igual que casi la totalidad de la comunidad internacional, desconocen al actual Gobierno hondureño, Micheletti dijo hoy que confía en que "el mundo empiece a comprender lo que realmente pasó" en su país, que, a su juicio, estuvo "enmarcado en la ley" y no fue un golpe de Estado.
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