La CIDH constata el "uso desproporcionado" de la Fuerza Pública en Honduras

Tegucigalpa.-  La CIDH dijo hoy haber confirmado "la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la Fuerza Pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía" en la crisis que vive Honduras.

En su informe al cierre de su visita de una semana a Honduras, la misión de verificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró haber constatado "la represión ejercida contra las manifestaciones a través de la colocación de retenes militares".

Asimismo, denunció "la aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones de detención".

La CIDH también indicó que "pudo constatar que la ruptura del orden constitucional originada por el golpe de Estado está acompañada de una fuerte presencia militar en distintos ámbitos de la vida civil".

Igualmente, se refirió a "la suspensión de garantías mediante la implementación de un toque de queda que no cumple con los estándares del derecho internacional y la irregularidad en la eficacia de los recursos judiciales para salvaguardar los derechos esenciales de las personas".

El informe de "observaciones preliminares de la visita a Honduras" fue leído ante la prensa por la presidenta de la CIDH, la venezolana Luz Patricia Mejía Guerrero.

Destacó el texto que la CIDH "considera fundamental que el Gobierno de facto (que preside Roberto Micheletti) adopte medidas urgentes para garantizar el derecho a la vida, integridad personal y libertad personal de todas las personas".

"Es indispensable que se realicen investigaciones serias, exhaustivas, conclusivas e imparciales de todos los casos de violaciones a los derechos humanos", subraya el informe.

Indica, además, que durante su estancia en Honduras la Comisión observó la situación de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado del 28 de junio pasado contra el presidente Manuel Zelaya.

La CIDH recibió testimonios de manifestantes seguidores del depuesto presidente Manuel Zelaya y de sus adversarios, lo mismo que de dueños de medios de comunicación, de periodistas locales y de otros países que han estado dando cobertura a la crisis que vive Honduras desde el 28 de junio.

Resaltó además en su informe "la necesidad de que los responsables (de las violaciones de derechos humanos) sean debidamente juzgados y sancionados y que se repare adecuadamente a los familiares y víctimas de las violaciones atribuibles a agentes del Estado".

Añadió que, "en este sentido, es de fundamental importancia que se facilite, se profundice y no se ponga ningún obstáculo a la tarea que debe realizar la Fiscalía de Derechos Humanos para que pueda investigar la totalidad de las violaciones ocurridas en el contexto del golpe de Estado".

La entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló además que es de "particular gravedad la muerte de cuatro personas y varios heridos de arma de fuego" registrados en este tiempo y que "es necesaria una investigación exhaustiva de estas muertes, en consideración que la Comisión recibió información que podría vincular estas muertes con el accionar de agentes del Estado".

El documento de la CIDH indica que el organismo fue informado de que las manifestaciones desarrolladas después del golpe de Estado "se han realizado en general en forma pacífica, salvo en algunos casos en que se han registrado actos de violencia, incluidos algunos graves contra personas y contra la propiedad".

Entre esos daños graves figuran el incendio de un restaurante y de un autobús, y la agresión a un diputado y a varios periodistas.

En lo que respecta al control de la información, la CIDH indica que se ha ejercido a través del cierre temporal de algunos medios de comunicación, su ocupación militar y la "prohibición de emitir la señal de ciertos canales de televisión por cable que informaban sobre el golpe de Estado".

A eso se agrega "la aplicación selectiva de cortes de energía eléctrica afectando la transmisión de medios audiovisuales que informaban sobre el golpe de Estado, y agresiones y amenazas a periodistas de medios con distintas posiciones editoriales".

El informe de la CIDH también recoge denuncias de atentados contra medios de comunicación impresos y electrónicos en varias regiones del país.