Micheletti y OEA insisten en el diálogo, pero el tiempo en Honduras se agota

Bogotá.-  Aunque el Gobierno de facto de Honduras y la OEA siguen apostando al diálogo, el fracaso de la misión del ente continental que fue a Tegucigalpa, nuevos pedidos de endurecer las medidas contra ese país y la cercanía de los comicios de noviembre demuestran que el tiempo para una solución negociada se agota.

Roberto Micheletti, quien fue nombrado como mandatario hondureño por el Congreso el pasado 28 de junio, solo horas después de que el Ejército detuviera y expulsara al presidente Manuel Zelaya, aseguró hoy que sigue en el diálogo por buscar una solución pactada a la crisis.

"Vamos a seguir en este trabajo en el marco del Acuerdo de San José", propuesto por el gobernante costarricense, Óscar Arias, dijo la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia Vilma Morales, miembro de la comisión de diálogo del Gobierno de Micheletti, que hoy viajó a Washington para seguir con la negociación.

La comisión tiene previsto regresar a Honduras este fin de semana y mantendrá conversaciones "con las personalidades y con los diferentes organismos que corresponda" para darle seguimiento al proceso de mediación emprendido por Arias, comentó Morales.

Por más que la misión de cancilleres de la OEA fracasó de nuevo en su intento de convencer a Micheletti de aceptar el Acuerdo de San José, al que se opone básicamente por rechazar el regreso al poder de Zelaya, Morales aseveró que la declaración que ese grupo emitió ayer "está dejando sentadas las bases de que el diálogo continúa".

Micheletti se niega a permitir el retorno de su antecesor y a otorgar amnistías para delitos políticos por supuestos roces con la Carta Magna, pero el canciller de Costa Rica, Bruno Stagno, sostiene que no habría ninguna violación a la Constitución hondureña al aceptar completamente la propuesta de Arias.

Stagno, quien hizo parte de la misión de la OEA que estuvo entre lunes y martes en Tegucigalpa y que asegura que Micheletti ya ha aceptado el Acuerdo de San José en un "85 por ciento", afirmó que la amnistía está prevista en el artículo 205 de la Constitución y es facultad del Congreso otorgarla como, dijo, ya lo hizo antes.

Sobre el retorno de Zelaya al poder, admitió que es "el tema de mayor discordia". "Los sectores afines a Micheletti insisten en que fue legítimamente destituido de acuerdo con la Constitución" y "que no hubo golpe de Estado", pero "esa lectura de los hechos no será avalada por la comunidad internacional", añadió.

Por eso, el ministro costarricense afirmó que durante su visita a Honduras la comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue enfática en que lo sucedido en ese país sí fue un golpe de Estado.

Recordó que Zelaya fue sacado del país hacia Costa Rica el día de su derrocamiento y afirmó que la Carta Magna señala que "ningún hondureño puede ser expulsado o extraditado de Honduras".

Por su parte, y aunque se acercan los comicios generales, en noviembre próximo, y el fin del mandato constitucional para el que había sido elegido Zelaya, en enero de 2010, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se negó hoy a dar por fracasadas las negociaciones y dijo que aún hay un margen para un último esfuerzo.

En su intervención ante el Consejo Permanente de la OEA, recalcó que el margen es "cada vez más estrecho", dado que el martes próximo inicia la campaña para las elecciones previstas para el 29 de noviembre, algo que, apuntó, será "un ingrediente que también va a complicar una salida política" al conflicto político.

Por eso, Insulza evaluará en los próximos días qué es "posible hacer" para destrabar el estancado proceso de mediación, y mantendrá "los canales de comunicación abiertos".

El máximo responsable de la OEA conversará así con Zelaya, quien acudirá el lunes o el martes al Consejo Permanente del organismo, con la misión negociadora del Gobierno de Micheletti y con "varios presidentes" de la región, que además podrían abordar este tema el viernes en Bariloche (Argentina) en la cumbre de Unasur.

En paralelo, los 33 países miembros de la OEA "tomarán todas las decisiones que correspondan" para seguir presionando al Gobierno de facto para que firme el Acuerdo de San José, aseveró.

"No doy por cerrada ninguna negociación, queremos solucionar este problema", concluyó Insulza.

Pero casi dos meses después del golpe de Estado, la paciencia de varios miembros de la comunidad internacional se agota y piden endurecer las medidas para que Micheletti devuelva el poder.

Así, el mandatario dominicano, Leonel Fernández, propuso este miércoles la suspensión de Honduras del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (DR-CAFTA, por su sigla en inglés) "como fórmula infalible" para que Zelaya retorne al poder.

"Solamente se adopta eso y en dos o tres semanas el presidente Zelaya regresa", aseguró en Santo Domingo.

El gobernante lanzó esta propuesta tras referirse a la suspensión de visados a ciudadanos de Honduras que ayer anunció Estados Unidos, medida sobre la que dijo que "quizá no se trata de no otorgar visas nuevas, sino de quitar las existentes".

También frente a esa medida estadounidense se pronunció hoy el comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Ramón Custodio, quien manifestó que después de esa determinación, Washington debería llevarse la base militar que tiene en este país.

Se trata de la base de Palmerola, unos 75 kilómetros al norte de Tegucigalpa, construida por EE.UU. a comienzos de la década de 1980 y en donde ese país mantiene al menos 400 militares.

Por su parte, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) reveló hoy que aún no ha suspendido los desembolsos a Honduras, una medida ordenada por los presidentes de la región como represalia por el golpe.

Precisó que mantiene "una pausa" en sus operaciones en Honduras, donde tiene su sede, y que una próxima Asamblea de Gobernadores del banco decidirá sobre los desembolsos.

Según la ministra de Finanzas del Gobierno de Micheletti, Gabriela Núñez, Honduras tiene pendientes desembolsos del BCIE por unos 20 millones de dólares para financiar proyectos aprobados o en ejecución, y están en negociación otros por 400 millones de dólares.