Piden un debate "desapasionado" de la Ley de Servicios Audiovisuales en Argentina

Buenos Aires.-  La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) pidió un debate "amplio y desapasionado" de la Ley de Servicios Audiovisuales y consideró que la discusión parlamentaria de la iniciativa debería producirse después del 10 de diciembre, cuando se renueve el Congreso.

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(EFE)

El proyecto, que sustituirá a la ley de radiodifusión vigente desde la última dictadura, fue girado al Parlamento el jueves pasado por la presidenta argentina, Cristina Fernández. EFE/Archivo

En un aviso pagado publicado hoy por varios diarios de Buenos Aires, la entidad dijo que la aprobación de una "ley estratégica, trascendente y de largo plazo como esta" requiere de un "debate institucional profundo y desapasionado".

"No parece que el debate pueda ser limitado a los plazos de la actual composición parlamentaria y debería considerar, para otorgarle mayores niveles de consenso y legitimidad, la representación surgida tras las elecciones legislativas" de junio, indicó.

El proyecto, que sustituirá a la ley de radiodifusión vigente desde la última dictadura (1976-1983), fue enviado al Parlamento el jueves pasado por la presidenta argentina, Cristina Fernández.

Casi inmediatamente la oposición salió a criticar la iniciativa, al señalar que esconde un supuesto objetivo del Gobierno de "controlar a los medios", así como el momento elegido por Fernández para mandarla al Parlamento.

En ese sentido, la oposición sostiene que el proyecto debería ser discutido en el Congreso después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores y el oficialismo pierda la mayoría propia.

Para la ADEPA, es "imprescindible, desde el punto de vista de la protección de la libre expresión y los principios constitucionales, que el tema sea objeto de debate y tratamiento en todas y cada una de las comisiones (parlamentarias), con la mayor cantidad de aportes institucionales, académicos, tecnológicos y de derecho comparado".

"ADEPA cree que en un futuro ordenamiento legal es imperioso resguardar ciertos principios básicos, como la no intervención directa o indirecta en contenidos periodísticos, el respeto a la seguridad jurídica y la no retroactividad, la preservación de la diversidad y la legalidad de los medios actuales".

La entidad también juzgó "preocupante" que el debate se desarrolle en el marco de "un clima de confrontación con los medios de prensa, las acusaciones verbales y los ataques intimidatorios contra medios y directivos periodísticos que se vienen registrando".

El interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, afirmó que la oposición es "vocera del 'establishment' mediático, que es el verdadero sector que no quiere discutir de comunicación", y dijo que el proyecto "no es una ley de coyuntura".

"Es una ley que busca, en línea con las que hay en Francia, Italia, Inglaterra, Canadá y EE.UU., garantizar la pluralidad y la diversidad para que exista el verdadero derecho a la información y la verdadera libertad de expresión", destacó en declaraciones que publica este domingo el diario Página/12.

Mariotto subrayó que si después del 10 de diciembre la oposición quiere "modificar el sentido filosófico de la ley y volver a los conceptos de la dictadura o de la década de 1990" podrá hacerlo "si presenta un proyecto y supone que tiene los votos" para aprobarlo.

En marzo pasado, el Gobierno había dado a conocer un anteproyecto de Ley de Servicios Audiovisuales a partir del cual hubo una ronda de consultas entre organizaciones no gubernamentales, universidades, sindicatos y empresas de medios.

El texto original, que se elaboró a partir del derecho comparado en materia de comunicación audiovisual, recibió medio centenar de modificaciones tras ser analizado en 24 foros de debate que se realizaron a lo largo del país.

La Cámara de Diputados comenzará esta semana el análisis en comisión de este proyecto de ley, aunque la oposición analiza diversas alternativas para aplazar el debate, como no dar quórum cuando se discuta en el plenario o retirarse al momento de la votación.

Desde el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de Fernández, el Ejecutivo mantiene una relación tirante con la prensa y en los últimos años profundizó su enfrentamiento con el mayor conglomerado mediático del país, el Grupo Clarín, propietario de medios gráficos, televisivos, radiales y digitales.

En tanto, las compañías españolas Telefónica y Prisa controlan el canal de TV abierta Telefé y la bonaerense Radio Continental, respectivamente, mientras que en distintos medios de televisión y radio hay presencia de capitales mexicanos y estadounidenses.