Londres.- Un sospechoso de terrorismo, que estaba bajo arresto domiciliario en el Reino Unido, fue puesto en libertad porque el Gobierno británico no quería revelar las pruebas que tenía contra él, publica hoy el periódico "The Times".
Una fotografía de archivo muestra policias armados custodiando el Ministerio de Defensa en Londres (Gran Bretaña). EFE/Archivo
El hombre -conocido con las siglas "AF" y liberado la semana pasada- estaba sometido a las controvertidas órdenes de control desde el año 2006 por sus presuntos vínculos con grupos terroristas islámicos, pero nunca fue acusado de ningún cargo.
Esas órdenes de control, que limitaba los movimientos del sospechoso, fueron revocadas la semana pasada, a pesar de la posición del Gobierno de que el hombre era una amenaza.
El abogado Lord Pannick, que representó a "AF", dijo al diario: "El ministro de Interior (Alan Johnson) tiene algo que explicar. ¿Él acepta ahora que las órdenes de control no eran necesarias y que imponían duras restricciones a AF?..¿O aún piensa que hay necesidad de controles pero no está dispuesto a suministrar detalles sobre AF? Si es esto último, ¿Acepta que el régimen de órdenes de control es defectuoso y debería ser suprimido?".
AF, que tiene doble nacionalidad libia y británica, es uno de los tres sospechosos terroristas sobre los que el pasado junio se pronunciaron los jueces de la Cámara de los Lores.
En ese caso, los jueces de la cámara alta (máxima instancia judicial británica) se manifestaron en contra del uso de pruebas secretas para aplicar las órdenes de control.
Consideraron que los sospechosos deberían tener en principio acceso a las pruebas utilizadas para justificar las órdenes, establecidas en la ley antiterrorista de 2005.
Tras conocerse la posición de los jueces lores, el ministro de Interior dijo que estudiaría el dictamen.
Así, el Gobierno tenía que decidir si revelaba las pruebas basadas en información de los servicios secretos o los ponía en libertad, señala "The Times", que no informa sobre las suerte de los otros dos sospechosos sometidos a las órdenes de control.
Las controvertidas órdenes de control, como la imposibilidad de salir de casa durante un tiempo determinado, son utilizadas por el Ministerio de Interior contra sospechosos de terrorismo que no pueden ser procesados porque las pruebas para justificar las órdenes son secretas, ya sea que fueron conseguidas a través de agentes de los servicios secretos o de escuchas telefónicas.
En el Reino Unido, estas pruebas no pueden ser utilizadas en los tribunales porque pueden comprometer las fuentes.
Además de limitar las salidas, las órdenes de control contemplan, según cada caso, la prohibición de recibir visitas o el uso del internet.
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