Uruguay rechaza la competencia de la Corte de La Haya en polución del aire por la papelera

La Haya.-  Montevideo rechazó hoy la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, en materia de la contaminación del aire producida por la papelera finlandesa Botnia, cuya producción, aseguró, no afecta a los niveles de calidad de agua del río Uruguay.

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(EFE)

Vista de la fábrica de pasta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia. EFE/Archivo

Uruguay abrió hoy la primera de las cuatro jornadas ante la CIJ con las que cuenta para exponer su postura ante la demanda de Argentina por la construcción de la celulosa Botnia.

El profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Edimburgo, Alan Boyle, declaró ante los jueces que "la contaminación del aire está fuera de la jurisdicción de la Corte porque el Estatuto del río Uruguay no contempla provisiones" en esta materia.

Añadió que la Comisión de Administración del Río Uruguay (CARU) tampoco establece "regulaciones" en ese ámbito, lo que para Montevideo confirma que la contaminación del aire no puede ser considerada en la tramitación de la denuncia de Argentina por la papelera Botnia.

Argentina mantuvo la semana pasada que el olor a "huevos podridos" que desprende la celulosa es la causa de afecciones de salud en la población argentina, además de perjudicar a las actividades turísticas de Fray Bentos, donde está ubicada la planta.

Uruguay centró hoy su hilo argumental ante los jueces en que el Estatuto del Río Uruguay no se refiere en sus artículos medioambientales a la contaminación del aire, sino a la calidad del agua, y que ésta no se ve afectada negativamente por la actividad de la papelera.

Intentó demostrar que ni los niveles de fósforos ni de nitrógeno han variado respecto a los que ya había antes de que Botnia empezara a funcionar en noviembre de 2007.

Sostuvo que los estándares de calidad del agua "no han cambiado como consecuencia de la celulosa (...) y son los mismos que en otros tramos del río".

Boyle apuntó que "la contaminación del río es consecuencia de su creciente industrialización", tras lo que señaló que la ribera argentina del río cuenta con al menos 25 fábricas.

El experto concluyó que si la celulosa "no causa ni daño ni contaminación al río (...) no hay violación de los artículos del Estatuto del Río Uruguay referidos al medioambiente".

El embajador uruguayo en EEUU, Carlos Gianelli, sugirió que determinados contaminantes que se encuentran en el río provienen de la industria agrícola argentina y no de la planta construida por Botnia, cuya actividad y vertidos, afirmó, están controlados por las autoridades uruguayas.

También denunció que los bloqueos de puentes internacionales como protesta por la planta papelera se produjeron "bajo el consentimiento de Argentina", y señaló que "han causado miles de millones de dólares" en pérdidas a Uruguay.

Argentina elevó el conflicto sobre las papeleras a la CIJ en mayo de 2006, con el argumento de que el país vecino violó el tratado del Río Uruguay, firmado en 1975, cuando autorizó la construcción de dos plantas de celulosa en su ribera del río que divide a ambos países.

Para Argentina, Uruguay no se sometió a los mecanismos de información y consulta del tratado en casos de actividades con posibilidades de contaminar el medio protegido.

Según el Estatuto del Río Uruguay, la administración de los recursos del río debe ser conjunta.

Argentina reclamó la semana pasada en la CIJ el "cese de la actividad" de la celulosa, en funcionamiento desde 2007, así como la restitución de los daños causados por la papelera.

En principio estaba planeada la ubicación de dos plantas de celulosa, una de Botnia y otra de la española ENCE, pero la segunda decidió reubicar su fábrica en Uruguay en Punta Pereira, sobre la ribera uruguaya del Río de la Plata, para evitar problemas derivados del contencioso en La Haya.

Tanto Argentina como Uruguay solicitaron a la CIJ medidas cautelares que en los dos casos les fueron denegadas.

Argentina pedía que las obras de construcción de las papeleras se paralizaran hasta que el proceso en la Corte llegase a su fin.

Uruguay pidió que el máximo órgano judicial de la ONU obligara a Argentina a paralizar los cortes de puentes internacionales que unen ambos países.