Lima.- El primer ministro de Perú, Javier Velásquez Quesquén, consideró hoy "urgente" la aprobación de un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo que elimina los beneficios penitenciarios a los presos condenados por terrorismo.
El primer ministro de Perú, Javier Velásquez Quesquén, dijo que "Aquellos que han acabado con la vida de seres humanos inocentes, que han causado un grave perjuicio al país, no pueden tener beneficios del sistema". EFE/Archivo
"Aquellos que han acabado con la vida de seres humanos inocentes, que han causado un grave perjuicio al país, no pueden tener beneficios del sistema y del Estado que ellos han pretendido eliminar", afirmó Velásquez Quesquén en una rueda prensa.
El proyecto de ley ya fue presentado al Congreso, donde ahora deberá ser debatido y posteriormente votado por el pleno del parlamento peruano.
Las declaraciones del primer ministro son una respuesta a la información publicada hoy por el diario local Correo, que Osmán Morote, uno de los líderes históricos del grupo terrorista Sendero Luminoso, que cumple condena de 25 años hasta 2013, podría salir de prisión en 2010 gracias a los beneficios penitenciarios.
Morote fue capturado en junio de 1988, cuando ocupaba el puesto número 2 en el escalafón de mando de Sendero Luminoso, grupo que mantuvo entre 1980 y 2000 una guerra interna con las fuerzas del estado que dejó cerca de 70.000 muertos en todo el país.
Para el primer ministro, que los terroristas reciban este tipo de beneficios, como la reducción de un día de pena por cada siete de trabajo en prisión, es una "asimetría" que debe ser corregida, ya que otros condenados, como los violadores, no gozan de reducciones de pena.
El presidente de la comisión de justicia del Congreso peruano, Rolando Souza, indicó que de aprobarse la ley presentada por el Ejecutivo ésta podría aplicarse al caso de Morote, ya que tendría carácter retroactivo.
"El Tribunal Constitucional dijo que era posible que una ley pudiera tener efecto retroactivo, porque al tratar sobre derechos procesales penales no es una norma que no pueda ser de aplicación hacia atrás", afirmó Souza a la agencia estatal Andina.
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