El Congreso pide derogar la suspensión de garantías y Micheletti dice que lo consultará

Tegucigalpa.-  El presidente del Congreso hondureño, José Alfredo Saavedra, solicitó hoy la derogación de un decreto que desde este fin de semana suspende varias garantías constitucionales y el gobernante de facto, Roberto Micheletti, aseguró que hará consultas para tomar una decisión.

"Voy a consultar con la Corte Suprema de Justicia, con el Tribunal Supremo electoral, incluso, si hay posibilidad de hablar con los candidatos presidenciales (...) y así tomar la decisión más conveniente a los intereses de nuestra patria que (...) será derogar ese decreto en el momento más oportuno", dijo Micheletti.

"En el término de esta semana estaremos dándole solución a esto", agregó Micheletti, al asegurar que aceptaba la propuesta del Parlamento para favorecer el diálogo.

El Gobierno de facto publicó el sábado un decreto por el cual suspende durante 45 días las libertades de circulación y expresión, y prohíbe las reuniones públicas, entre otras medidas, según Micheletti, por la llamada a la "insurrección" de parte del depuesto presidente Manuel Zelaya.

Recordó que el decreto se deberá derogar en su caso en un Consejo de Ministros, de la misma forma en que fue aprobado.

Saavedra indicó que hicieron "una solicitud respetuosa (...) en el sentido de analizar la posibilidad de dejar sin valor y efecto el decreto ejecutivo al que se ha hecho mención desde el día de ayer y de hoy".

"Todo con el propósito de contribuir, aprovechar esta oportunidad para propiciar el diálogo en la sociedad hondureña", agregó.

Amparado por el decreto, publicado en la gaceta oficial el sábado y difundido el domingo, el Gobierno de Micheletti clausuró hoy dos medios de comunicación e impidió las marchas de los seguidores de Zelaya en Tegucigalpa y otros puntos del país, en la jornada en que se cumplen tres meses del golpe de Estado.

Zelaya, quien desde hace una semana se encuentra en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, ha criticado duramente la suspensión de las garantías ciudadanas que impiden a sus seguidores manifestarse a favor de su restitución en la Presidencia.