Toledo.- El médico acusado de falsedad en documento oficial por utilizar recetas de la Seguridad Social en su consulta privada de La Guardia (Toledo) ha dicho hoy que ignoraba que lo que hacía fuera un delito y que fue una paciente suya, "que ahora tiene Alzheimer", quien le advirtió de esta irregularidad.
La audiencia de Toledo juzga a un médico acusado de un delito continuado de falsedad en documento oficial por utilizar recetas de la Seguridad Social para prescribir medicamentos a pacientes que acudían a su consulta particular, para quien el fiscal pide cinco años de prisión.
Guillermo A.F., para quién el fiscal pide una pena de cinco años de cárcel, ha reconocido durante el juicio que durante junio de 2001 utilizó las identificaciones informatizadas (pegatinas Tair) de pacientes que él tenía en el centro de salud de Illescas para otros que acudían a su consulta particular.
Durante su declaración en la Audiencia de Toledo, el acusado, ha añadido que lo hizo "de forma puntual", solo en el caso de pacientes que necesitaban algún medicamento de urgencia o que no podían pagarlo y siempre -ha subrayado- "sin ánimo" de enriquecerse y con el único propósito de ayudar, "no para atraer a más pacientes".
El acusado, que sigue ejerciendo como médico de la Seguridad Social y en su consulta privada, ha mantenido que en el centro de salud de Illescas donde trabajaba esta práctica de recetar con pegatinas identificativas de otros pacientes se hacía para "agilizar" el trabajo y ha señalado que nadie en el Sescam le explicó que no se pudiera hacer.
Ha señalado también que fue en junio de 2001 cuando, por primera vez, una paciente "que ahora tiene alzheimer" le llamó la atención y que, tras tomar conciencia de su error, cesó en su conducta, que según el fiscal habría ocasionado un perjuicio económico al Sescam valorado en 989,29 euros.
Sin embargo, el que fuera gerente del Sescam cuando ocurrieron los hechos, Joaquín Chacón, que compareció como testigo, ha señalado que los daños económicos podrían ascender a 24.000 euros si se pudiera probar que el médico estuvo falsificando las recetas desde que inició la actividad en su centro privado desde 1998 hasta que en junio de 2001 fue descubierto.
No obstante, los hechos juzgados se limitan a un total de 77 recetas médicas, que son las que fueron objeto de una inspección en junio de 2001.
El fiscal ha mantenido su petición de pena de cinco año de cárcel para el acusado y ha dicho que, al contrario de lo dicho por el facultativo, éste recetó, incluso, colirios utilizando pegatinas de la Seguridad Social.
Por su parte, la abogada defensora, Pilar Sánchez, ha pedido la libre absolución de Guillermo.A.F., aunque ha reconocido que la forma de actuar de su cliente no fue la "idónea" y podría ser constitutiva de una sanción administrativa, no penal.
Tras el juicio, que ha quedado visto para sentencia, la letrada ha considerado una "barbaridad" la petición de cinco años de cárcel del fiscal para el acusado y ha incidido en la intención del médico nunca fue engañar.
Además, ha dicho la abogada del acusado, se trata de un médico que tiene "muy buena fama" entre sus pacientes por "su buen ojo clínico" y que no tiene antecedentes penales.
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