Buenos Aires.- El Gobierno de Cristina Fernández apuesta a lograr este viernes en el Senado la aprobación definitiva de una nueva ley de Medios Audiovisuales, que desató el rechazo de sectores de la oposición y de las principales empresas periodísticas de Argentina.
"Esto es muy grave. Hay que ver qué arregló el Gobierno con el gobernador de (la provincia de) Corrientes, Arturo Colombi, a quien Sánchez responde políticamente", advirtió el senador Gerardo Morales, líder la Unión Cívica Radical. EFE/Archivo
Los senadores del peronista Frente para la Victoria de Fernández afirman que cuentan con los votos necesarios para aprobar la ley, mientras que la oposición confía en lograr algunos cambios del texto ya aprobado por los diputados, lo que implicaría que la norma sea enviada nuevamente a la cámara baja y el debate vuelva a empezar.
Las opositoras Coalición Cívica (centroizquierda), Propuesta Republicana (Pro, conservadora) y Unión Cívica Radical (UCR, socialdemócrata) ponen en duda que haya el consenso necesario para que se apruebe el texto de la ley sin ningún cambio, como quiere el oficialismo.
Es en esta última discusión en la que senadores opositores aspiran a captar el voto de legisladores que aprueban la ley en general pero desean cambiar los artículos más polémicos, en cuyo caso la Cámara de Diputados debería volver a discutir sobre esos puntos.
Esto hace prever que el debate de los senadores puede prolongarse hasta la madrugada del sábado próximo.
Los artículos en cuestión son los referidos a la creación de la Autoridad de Aplicación, encargada de regular los medios, que según la oposición estará controlada por el Gobierno, y al período que tienen las empresas periodísticas para acogerse a la nueva ley.
Varios legisladores piden que las empresas tengan tres años para desprenderse de radios y canales de televisión, de modo de adecuarse a la nueva legislación, que según el proyecto oficial les da un año de plazo.
El texto establece que una empresa no puede tener más de diez licencias de radio y televisión, 14 menos que el límite actual, y que tampoco puede ser titular de un canal de TV de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que mayores críticas ha provocado entre las empresas con intereses en el sector.
La relación entre el Gobierno y los principales medios puede enturbiarse aún más por la supuesta intención del Ejecutivo de intervenir Papel Prensa, la papelera que provee a la mayoría de los diarios del país, según denunciaron hoy los diarios Clarín y La Nación, accionistas mayoritarios de la firma.
El oficialismo sumó un nuevo apoyo con el sorpresivo anuncio de la opositora Dora Sánchez, que votará a favor de la ley, luego de haberla cuestionado en los últimos meses.
"Esto es muy grave. Hay que ver qué arregló el Gobierno con el gobernador de (la provincia de) Corrientes, Arturo Colombi, a quien Sánchez responde políticamente", advirtió hoy el senador Gerardo Morales, líder la UCR.
Sánchez anticipó que votará a favor del proyecto oficial, mientras otros sectores de la oposición, como el socialismo, dijeron que darán el visto bueno sólo en general y buscarán incorporar cambios en algunos artículos.
El radicalismo y la Coalición Cívica prevén emitir hoy un dictamen de minoría con unas 40 observaciones al texto de 166 artículos, aprobado el pasado 17 de septiembre en la Cámara de Diputados al cabo de 13 horas de debates.
La iniciativa, una de las más importantes apuestas del Gobierno, pretende sustituir a la legislación vigente desde la última dictadura militar (1976-1983).
Grupos críticos al Gobierno argentino protestaron el pasado martes en contra del proyecto por considerar que, si es aprobado por el Senado, los argentinos solo van a poder ver el canal de la televisión oficial.
Dirigentes y organizaciones alineadas al Gobierno, en tanto, también preparan una concentración mañana frente al Parlamento para manifestar su apoyo a la ley.
El respaldo a la iniciativa aumentó después de que Fernández anunciara semanas atrás la eliminación del permiso para que las empresas telefónicas entren al sistema de medios audiovisuales por medio del servicio adicional de televisión por suscripción, entre otras modificaciones que aceptó el Ejecutivo.
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