El Gobierno cántabro deberá asumir la deuda del Racing por derechos televisivos

Santander.-  El Gobierno de Cantabria tendrá que asumir la indemnización de 2,6 millones que el Racing de Santander pagó al G-30 (el grupo formado por los 22 clubes de Segunda División y ocho de Primera) por romper el acuerdo para negociar en común los derechos de televisión y firmar un contrato con Sogecable.

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(EFE)

El Gobierno de Cantabria tendrá que asumir la indemnización de 2,6 millones que el Racing de Santander pagó al G-30 (el grupo formado por los 22 clubes de Segunda División y ocho de Primera) por romper el acuerdo para negociar en común los derechos de televisión y firmar un contrato con Sogecable. EFE/Archivo

La Audiencia de Cantabria ha ratificado una sentencia de un Juzgado de Santander que desestima la demanda presentada por la empresa pública CEP Cantabria, del Gobierno regional, contra los miembros del consejo de administración del Racing cuando se rompió el contrato con el G-30 y se suscribió otro con Sogecable.

En concreto, en su demanda, el Ejecutivo regional acusaba de "negligencia" a los ex presidentes del Racing Santiago Díaz, Miguel Ángel Díaz y Dimitri Piterman, y a los consejeros Santiago Díaz Zabala, José Luis Coloma, Antonio Diestro, Francisco Reda y Jorge Gómez de Cos, además de las sociedades Nugasa y Mipla de Inversiones.

La sentencia del Juzgado relata como en 2003 el por entonces presidente del Racing, Dimitri Piterman, firmó un acuerdo con el G-30 para gestionar los derechos de televisión, aunque Santiago Díaz, que le sucedió en la Presidencia del club, se desmarcó del acuerdo unos meses después.

Tras admitir el Tribunal Español de Arbitraje Deportivo una demanda del G-30 contra el Racing por incumplimiento del acuerdo e imponer al equipo cántabro una indemnización de 2,5 millones de euros, el club impugnó esta decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid, que en junio de 2006 confirmó que la entidad deportiva debía hacer frente al pago.

De forma paralela, el Gobierno regional, a través de Cantur, adquirió una participación mayoritaria en el accionariado del Racing de Santander, a través de un contrato que incluyó una cláusula que establecía que los vendedores responderían de las obligaciones que surgieran por reclamaciones (incluida la del G-30) si se demostraba que hubo dolo o voluntad de incumplir los acuerdos.

Cantur exigió a los miembros del consejo de administración del Racing que asumieran esa responsabilidad por la indemnización al G-30 y, al negarse, se inició un proceso arbitral que concluyó que no hubo voluntad de incumplir este acuerdo, por lo que el Ejecutivo cántabro tenía que asumir el pago de la indemnización.

El grupo empresarial que posteriormente compró el club cántabro, Dunviro, mantuvo una cláusula para no hacer frente al pago de los 2,6 millones de euros, cuyo pago seguía asumiendo Cantur.

Y CEP Cantabria formalizó un contrato con esa empresa pública en el que se hacía cargo de la deuda que tenía por cuenta del Racing.

El Gobierno regional pidió a los tribunales que se condenara a esos miembros del consejo de administración del Racing a pagar, de formar solidaria, 2,6 millones de euros por la indemnización y los intereses que CEP Cantabria tuvo que abonar al G-30.

También solicitaba que los demandados se hicieran cargo del importe de los honorarios de la representación legal del G-30 en el proceso que derivó en el pago de la indemnización por la rescisión del contrato de derechos televisivos, y de las costas de este proceso de reclamación.

Pero la juez rechazó todas esas demandas con el argumento de que para establecer la responsabilidad de los vendedores en este asunto falta el requisito fijado por el Tribunal Supremo, de que entre los actos y el daño sufrido exista "una clara y directa relación de causalidad".

Según señala, el daño patrimonial que sufrió el Gobierno de Cantabria no responde a la conducta de los consejeros del Racing, sino "a que voluntariamente (...) asumió la deuda de un tercero" -el propio Racing- "haciéndose responsable de ella".

"El carácter voluntario con que asumió la obligación y su nula relación directa con la conducta de los demandados impide apreciar la necesaria relación de causalidad", explica.

La sentencia agrega que "no hubo engaño" cuando el Gobierno asumió la deuda, puesto que éste conocía "tanto su existencia como su origen y causas".

CEP Cantabria recurrió este fallo para combatir las costas procesales que se le imponían, pero la Audiencia de Cantabria ha desestimado esta pretensión.