El Ayuntamiento cree que recurrir las multas del SER "no se sostiene jurídicamente"

Madrid.-  El Ayuntamiento de Madrid considera que la presentación de recursos contra las multas del SER en las zonas a las que se ampliaron los parquímetros en 2006 "no se sostiene jurídicamente".

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(EFE)

Vista parcial de un parquímetro en una calle de Madrid. EFE/Archivo

Así lo han dicho hoy a Efe fuentes municipales, después de que los Colectivos vecinales antiparquímetros de Madrid apelaran hoy a la Justicia para que obligue al Ayuntamiento a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJM) que confirma la anulación de la extensión del SER de 2006 y animaran a los vecinos afectados a que reclamen las cantidades que les corresponda.

La citadas fuentes municipales han insistido a Efe en que "no hay ninguna sentencia que anule la extensión del SER", ya que el contenido tanto del fallo judicial de septiembre de 2008 contra la extensión por decreto del área regulada como de la reciente confirmación de aquel por el TSJM ha sido cumplido ya por el Ayuntamiento.

Recuerdan en este sentido que, en septiembre de 2008, un juzgado dijo que se había ampliado la zona del SER de una forma incorrecta, a través de un decreto y no mediante una ordenanza, como se hubiera debido haber hecho.

Aunque esa sentencia fue recurrida, el Ayuntamiento atendió los argumentos del juzgado respecto a ese posible defecto de forma y en diciembre de 2008 estableció de nuevo la ampliación de la zona de estacionamiento regulada por parquímetros a través de la correspondiente ordenanza fiscal.

Por eso entiende el Ayuntamiento que la reciente sentencia, que confirma la anulación de la extensión de la zona regulada mediante el decreto de 2006, no tiene efectos sobre la extensión del servicio de estacionamiento establecida posteriormente a través de la ordenanza.

También por eso considera que los únicos recursos que "podrían" llegar a prosperar son los que se hubieran presentado entre septiembre de 2008, fecha en la que se anuló el decreto, y el 1 de enero de 2009, cuando entró en vigor la citada ordenanza, y siempre, además, que estuvieran basados en aquella decisión judicial.