Asociación indígena peruana denuncia que el Gobierno intenta su disolución

Lima.-  La principal asociación indígena del Amazonas peruano denunció hoy los intentos desde el Ministerio de Justicia de disolver la organización y convocó a una reunión urgente de sus "apus" (dirigentes) para tratar el caso.

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(EFE)

La agrupación, creada en 1980, es una federación de 65 organizaciones que representan a 1.350 comunidades indígenas y ha ganado gran notoriedad en los últimos años por abanderar la lucha de los nativos amazónicos en sus luchas, principalmente contra las petroleras que extraen gas y crudo en sus territorios. EFE/Archivo

La Asociación Inerétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) aseguró en un comunicado haber recibido notificación de una fiscal provincial de que admite a trámite la petición de la procuradora del Ministerio de Justicia, María del Carmen Rivera, de "disolver la organización".

En estos momentos, la Aidesep participa en cuatro mesas de trabajo con funcionarios del Gobierno y representantes de la sociedad civil para establecer un nuevo marco de consultas con los pueblos indígenas y para esclarecer los incidentes del pasado 5 de junio en Bagua, que se saldaron con la muerte de 33 personas (23 de ellos policías) y la desaparición de un agente.

La agrupación, creada en 1980, es una federación de 65 organizaciones que representan a 1.350 comunidades indígenas y ha ganado gran notoriedad en los últimos años por abanderar la lucha de los nativos amazónicos en sus luchas, principalmente contra las petroleras que extraen gas y crudo en sus territorios.

Según fuentes de la asociación, 89 de sus miembros (entre ellos una veintena de dirigentes) tienen en estos momentos procesos judiciales abiertos relacionados con los sucesos de Bagua, y alguno de ellos, como el todavía presidente Alberto Pizango, está exiliado en Nicaragua mientras no se retiren los cargos en su contra.

Fuentes de la Procuraduría del Ministerio de Justicia ratificaron a Efe que existe desde el 11 de junio esa petición de disolver la organización, con el argumento de que atenta contra el orden público y las buenas costumbres.

La petición fue trasladada a la Fiscalía de la nación, que el 12 de octubre la admitió a trámite, sin que eso signifique que vaya a asumir sus argumentos, sino que va a escucharlos, lo mismo que hará con la defensa de la Aidesep.

Si la Fiscalía aceptara los argumentos contenidos en esa petición, trasladará su petición al Poder Judicial, que a su vez estimará o no oportuno esa disolución, o también podría optar por una solución salomónica, como es el cambio de la junta directiva de la asociación.

En cualquier caso, aclararon las fuentes, ese proceso podría demorar "hasta 80 días hábiles", es decir, varios meses más.

Distintos organismos pro derechos humanos e incluso el relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, han denunciado la "criminalización" a la que se está sometiendo a la Aidesep, cuando incluso el Gobierno la reconoce como interlocutora necesaria en el diálogo con los indígenas.