El juicio de los campesinos peruanos contra Monterrico puede empezar en 2010

Londres.-  Richard Meeran, abogado defensor de un grupo de campesinos peruanos que ha demandado a la minera británica Monterrico Metals por supuestos malos tratos sufridos en 2005, subrayó hoy su esperanza de que el juicio empiece en 2010, aunque advirtió de que el proceso es "complicado" y "llevará tiempo".

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(EFE)

Comuneros y miembros de las rondas campesinas protestando en el pueblo de San Ignacio, en julio de 2005, durante las negociaciones con representantes del Gobierno peruano en busca de solución a las protestas contra la mina Majaz, perteneciente a Monterrico Metals, en la vecina región de Piura. EFE/La República

"Hay mucho trabajo que hacer. Hay varias fases. Llevará tiempo. Nosotros haremos todo lo que podamos para que el proceso sea tan rápido como sea posible. Probablemente habrá muchas vistas antes del juicio", declaró a EFE Meeran, del bufete londinense Leigh Day & Co.

Los hechos se remontan a agosto de 2005, cuando un grupo de manifestantes acompañados de varios periodistas se presentó en una mina de cobre de Rio Blanco Cooper, filial de Monterrico Metals, en las proximidades de la frontera con Ecuador, para protestar contra la actividad minera en su jurisdicción netamente agrícola.

Los demandantes alegan haber sido detenidos y sometidos a torturas físicas y psicológicas supuestamente cometidas por la policía peruana, empleados de la mina y guardias de seguridad privados, aunque Monterrico niega ese extremo.

Leigh Day & Co solicitó este año una orden judicial al Tribunal Superior de Londres para congelar activos de Monterrico Metals por valor de 5 millones de libras (algo más de 8 millones de dólares) en el Reino Unido, a fin de garantizar el pago de una eventual indemnización por violación de derechos humanos.

Desde el pasado 2 de junio, la compañía no ha podido disponer de esos activos, fallo que fue confirmado el pasado 16 de octubre por la jueza Elizabeth Gloster, quien cree que los litigantes tienen "un buen caso defendible" contra la minera.

Según Meeran, "la orden de congelación de activos (...) se obtuvo para proteger a los demandantes frente al riesgo (...) de que no se puede imponer la orden judicial porque todos los activos de la compañía se hayan retirado de la jurisdicción (del Reino Unido)".

Dada la complejidad del caso, el letrado ve "imposible" que el juicio comience en 2009 y espera que se pueda celebrar en 2010.

"Es complicado. Hay 31 demandantes. Hay evidencias y testigos en varios lugares, como Inglaterra y Perú. Los expertos tendrán que aportar pruebas", indicó el abogado.

En opinión de Meeran, "es crucial que las multinacionales sean legalmente responsables por violaciones de derechos humanos en sus negocios en el extranjero. Sin esta orden de congelación de activos, el acceso a la justicia se habría negado".

Los demandantes arguyen que la minera conocía los maltratos que supuestamente sufrieron pero no tomó medidas para impedirlo, acusación que Monterrico tilda de "completamente sin fundamento".

Los abogados optaron por pedir la congelación de activos tras enterarse de que la compañía, que fue adquirida en 2007 por el consorcio chino Zijin y cambió su sede corporativa de Londres a Hong Kong, iba a dejar en junio pasado de cotizar en la Bolsa de Londres.

La defensa temía que la multinacional pudiera sacar todos sus activos del Reino Unido, lo que podía hacer inútil cualquier demanda judicial interpuesta ante un tribunal británico.

Ann Lindsay, analista de la ONG británica Catholic Agency For Overseas Development (CAFOD), dedicada a la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo, señaló que el mantenimiento de la congelación de activos es "un paso adelante".

No obstante, Lindsay vaticinó una "lucha ardua" para que se celebre el juicio en el Reino Unido.

"Las compañías internacionales -agregó la representante de CAFOD- tienen un impacto enorme en las vidas de comunidades al otro lado del mundo, pero es muy difícil para esas comunidades lograr una reparación si las cosas salen mal".