La CPI pone en aviso a grupos armados ilegales y al propio Estado colombiano

Bogotá.-  La vigencia plena de la Corte Penal Internacional (CPI) en Colombia, a partir del 1 de noviembre, servirá para disuadir a los grupos armados ilegales y al propio Estado de cometer crímenes de guerra, coincidieron hoy los defensores de los derechos humanos.

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(EFE)

Fotografías de desaparecidos víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), exhibidas por sus familiares a las afueras de la sede de la Fiscalía de Medellín. EFE/Archivo

Con el vencimiento de la moratoria que solicitó en 2002 el Gobierno colombiano, la CPI podrá investigar crímenes de guerra, ya que en los últimos siete años sólo tenía potestad para intervenir en delitos de lesa humanidad y genocidio, lo que supone un paso adelante en la lucha contra la impunidad.

"Hay muchos crímenes que son competencia de la CPI, incluyendo el desplazamiento forzado, las desapariciones, el uso de niños soldados, la violencia sexual, la tortura, los homicidios y la toma de rehenes", explicó a Efe Marcelo Pollack, responsable de Amnistía Internacional para Colombia.

Según Pollack, "aunque ha habido avances en algunos casos emblemáticos de derechos humanos, principalmente a raíz de la presión internacional, la mayoría de los abusos siguen en la impunidad".

Tras la vigencia plena de la CPI, este tribunal internacional "tendrá que decidir si las autoridades colombianas están haciendo lo suficiente para llevar a los responsables ante la justicia", agregó.

Sólo en "falsos positivos", como se denomina a los casos de civiles ejecutados extrajudicialmente por el Ejército y presentados a la opinión pública como guerrilleros muertos en combate, la Fiscalía colombiana investiga cerca de 2.000, detalló Pollack.

Si bien algunos soldados ya están siendo juzgados, "todavía queda mucho por hacer", opinó.

"En el caso de abusos cometidos por la guerrilla o violaciones por los paramilitares, la impunidad hasta ahora ha sido casi total", remarcó.

Para Amnistía Internacional, en Colombia "no existe una sincera voluntad de descubrir plenamente a los responsables de tales crímenes, ni de castigarles por tales actos, ni de reparar a las víctimas".

Por eso el fin de la moratoria de la CPI es una puerta a la esperanza para las víctimas y los defensores de los derechos humanos en Colombia.

"Lo más importante es que, a partir del 1 de noviembre, la CPI se convierta en un elemento disuasivo para la guerrilla, los grupos paramilitares que siguen operando en Colombia, y para el Ejército", señaló a Efe Alirio Uribe Muñoz, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y especialista en Derechos Humanos.

"Para los actores de la guerra esta vigencia debe ser un mensaje para que conduzcan el conflicto dentro de los parámetros de respeto a la población civil y a los combatientes", agregó este abogado perteneciente a una de las ONG más activas del país.

Según Uribe Muñoz, desde que Colombia se adhirió con reservas al Tratado de Roma, por el que se creó la CPI en 2002, dos millones de colombianos han sido víctimas del desplazamiento forzoso y se han registrado más de 14.000 homicidios.

También explicó que este tribunal podrá exigir responsabilidad política por delitos de guerra y lesa humanidad a altos cargos, incluido el propio presidente Álvaro Uribe.

"Esos crímenes se cometieron en un marco de política generalizada", señaló en referencia a los crímenes de Estado o "falsos positivos", al aclarar que "la CPI está diseñada y tiene como política juzgar a los autores intelectuales".

A su juicio, "la política de seguridad democrática (eje central de la gestión presidencial de Álvaro Uribe) ha propiciado muchos crímenes, ya que a las ejecuciones se suma el desplazamiento forzado, y podría generar investigaciones que involucren a altos funcionarios, generales, ministros e incluso al propio presidente".

Si bien dijo que el caso del ex mandatario peruano Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad, es un precedente judicial importante, consideró que en Colombia "hay casos más graves".

Hizo así referencia al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio de inteligencia), cuyo director desde 2002 a 2006, Jorge Noguera, está siendo procesado "no sólo por poner el DAS al servicio de grupos paramilitares, sino por asesinar a personas".

Uribe Muñoz también alertó de que las escuchas ilegales practicadas por el organismo de inteligencia, centro de un escándalo que aún da que hablar, "también podría ser considerado crimen de persecución" y por tanto estaría bajo jurisdicción de la Corte Penal Internacional.